"Veo difícil formar gobierno con los que sólo van a veces al Parlamento"

Margarita Uría (Bilbao, 1953), diputada del PNV, considera "difícil" que su partido pueda gobernar con Herri Batasuna en la próxima legislatura. Y no sólo por la vinculación de HB a la estrategia violenta de ETA, sino por la presencia discontinua de la coalición abertzale en el Parlamento. Pregunta. PSOE y PP coinciden en que es necesario sumar al PNV al consenso en materia de pacificación. ¿Lo ve posible? Respuesta. Como manifestaron mis compañeros del Euskadi Buru Batzar (EBB), se han alterado posturas anteriores. La solución debe venir por lo que fue la oferta institucional (el plan Ardanza) y debe ser abordada no sólamente por socialistas y populares, sino por todos los grupos. Nuestra postura es que las medidas policiales, siendo necesarias, no lo son todo y asumiremos esta propuesta de cara a la próxima campaña electoral. Quizá con el sosiego posterior a las elecciones se va a poder hablar. Habría que sentarse a trabajar con más seriedad . La Mesa de Ajuria Enea sigue teniendo virtualidades, fue un foro para la búsqueda de soluciones y no me gustaría pensar que está enterrado; seguirá existiendo. P. El presidente de la ejecutivsa vizcaína, Javier Atutxa, ha hablado de una posible colaboración de gobierno con HB si ésta rechaza la violencia. R. Lo deseable, como dijo Atutxa, sería que HB condene la violencia. Es una opción política que cosecha un número importante de votos. Hay que dialogar en todas las circunstancias; cuestión distinta es que se pudiese pactar o llegar a formar gobiernos con quien no condena la violencia. Además, su actitud actual no es de asistencia constante a las instituciones y veo difícil formar gobierno con alguien que sólo a veces va a ir al Parlamento. P. Carlos Garaikoetxea no descarta la formación de un gobierno de sólo nacionalistas. R. A mí ya me gustaría. Pero el mapa político en Euskadi es el que es y me atengo a lo que la ejecutiva de mi partido viene diciendo: después de las elecciones se hablará. EA ha estado gobernando con el PSE y no le ha pasado nada. Hay que ver los resultados electorales. Es la propia EA quien puede tener problemas para llegar al 5% de los votos. P. ¿Ve posible la colaboración del PP con su partido en Vitoria? R. No lo descartamos. Con los resultados electorales y las propuestas políticas en la mano habrá que ver el encaje que puede haber para el cumplimiento de un programa en el gobierno que se forme. P. ¿Cuál es el estado actual de las conversaciones PNV-HB? R. Lo desconozco. En cualquier caso, no me compete opinar sobre las conversaciones que algunos miembros de mi partido han mantenido con Herri Batasuna. P. ¿Qué opina de una hipotética ilegalización de HB? R. No hablamos de una fuerza extraparlamentaria ni marginal. A todos nos gustaría atraer al electorado de HB a una posición distinta, pero las opciones políticas tienen que poder existir y sería dramático que un gran número de electores se quedaran sin poder expresar la suya. P. ¿Como jurista, cree que el recurso a traductores de euskera en los juicios vulnera algún derecho constitucional? R. El ciudadano que quiere hacerse entender en euskera tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, sobre todo si se trata de un proceso penal. Es evidente que hay que atender a la realidad sociolingüística del país, donde no todo el mundo habla euskera, pero el planteamiento es que existe ese derecho para los ciudadanos y hay que establecer una fórmula, como se ha hecho en otras áreas: la existencia de los perfiles lingüísticos o de jueces euskaldunes que atendiesen a determinadas cuestiones. P. El Tribunal Constitucional ha establecido que la traducción tiene todas las garantías. R. No ha habido un pronunciamiento directo. Hablamos del derecho a utilizar una lengua oficial, reconocido en el Estatuto y la Constitución. El Tribunal Constitucional da mucha importancia a la voz del acusado, ahora lo hemos visto en el caso Marey. Es muy distinto una declaración leída que dicha de viva voz por el acusado. P. En el asunto de las plantillas judiciales, el Ministerio de Justicia argumenta que el decreto del Gobierno vasco rebasa sus competencias. R. Poder hacer algo en materia de justicia ha sido una carrera de obstáculos. La idea del pleno desarrollo del Estatuto, de acuerdo al espíritu con el que fue pactado, queda muy lejos. Cuando se asume una competencia en materia de personal lo que hay que hacer es establecer una estructura que se adecúe al sistema de trabajo que se pretende crear. Hay que exigir otras cosas, no sólo el euskera, que es a lo que la ministra de Justicia se aferra. P. ¿Y que le parece la presión ejercida por algunos abogados para implantar los juicios en euskera? R. Es un colectivo que por ampararse en amenazas, y a la luz de ciertos movimientos, ha hecho un flaco servicio a la causa del euskera, aunque en el fondo tenga razón.