Santuario belga

La admisión a trámite en Bélgica de la petición de asilo político del etarra Juan Cruz Maiztegui es bastante más que una lógica causa de irritación para las autoridades y la opinión pública española. A estas alturas del proceso de integración europea resulta una vez más incomprensible que litigios de competencias entre diferentes administraciones belgas concluyan en una afrenta a la democracia española como es la admisión, siquiera a estudio, de que un ciudadano español pueda ser perseguido en su país por motivos políticos. Pero es, además, una demostración clara de que en la Europa de Schengen algunos países parecen aún muy remisos a adoptar sus legislaciones nacionales a los compromisos adquiridos y tienen mucho más celo para utilizar los beneficios del acuerdo que para asumir las responsabilidades que del mismo se derivan. Las autoridades belgas argumentarán que sus leyes conceden al comisario real el derecho a abrir tales procedimientos. Pero España tiene buenas razones para responder que las leyes belgas que permiten un absurdo como el ahora habido deberían haberse adecuado ya a los compromisos internacionales asumidos porque, se quiera ver o no, el caso es que Bélgica está cumpliendo funciones de territorio de asilo para terroristas españoles y creando expectativas en este sentido. El caso de Juan Cruz Maiztegui puede ser atípico porque no está reclamado en España y porque el conflicto competencial en Bélgica entre Ministerio del Interior y Comisario Real para los Refugiados se limitaba en un principio a la oportunidad o no de expulsar al etarra a México, país del que procedía cuando fue detenido con documentación falsa el 29 de junio. Pero la decisión de admitir a trámite la solicitud de asilo político convierte este caso en una nueva crisis perfectamente gratuita entre Bruselas y Madrid. Ya en los anteriores casos de Luis Moreno y Raquel García, dos colaboradores de ETA, y de Enrique Pagoaga Gallastegui, Peixotín, los conflictos bilaterales se zanjaron con la puesta en libertad de los presuntos terroristas y sendos fracasos rotundos de la ofensiva diplomática española que intentaba impedir la grotesca paradoja de que un socio de España en la UE se erigiera en protector de quienes tienen como objetivo liquidar la democracia española. Tampoco en el caso de Maiztegui parece que hayan acertado las autoridades españolas, con unas presiones diplomáticas que finalmente han dado un resultado contrario al deseado.

Por lo demás, habría que recordarle al presidente del Gobierno español sus palabras triunfalistas sobre el fin del asilo político en el seno de la UE pronunciadas después de la cumbre de Amsterdam y animarle a que, en cuestiones antiterroristas, sea un poco más cauto de lo que su carácter parece dictarle. Sea con motivo del cierre de Egin o del asilo político, el entusiasmo retórico de Aznar parece condenado a convertirse en un problema añadido a los muchos que entraña la lucha antiterrorista.