El Gobierno advierte a los inmigrantes de Totana que necesitarán el visado

La Delegación del Gobierno de Murcia resolverá conforme a la "legislación vigente" la situación de los inmigrantes ecuatorianos que trabajan en Totana sin la documentación necesaria, según una nota difundida ayer, un día después de la manifestación en la que cientos de vecinos mostraron su apoyo a los inmigrantes y pidieron que se haga con ellos una excepción en la Ley de Extranjería. Para la Delegación, es "extraño" que se pida esto cuando el plazo para acogerse al contingente de 1998 se cerró el 28 de junio.

A las muestras de apoyo a los ecuatorianos que habitan en Totana se sumó ayer la del alcalde, Juan Morales, del PP, que pidió al Gobierno una solución al problema de los alrededor de 500 ecuatorianos que habitan y trabajan en la localidad de manera ilegal. En declaraciones a la SER, Morales pidió que "la Administración ponga en marcha los mecanismos necesarios para evitar la expulsión de los 17 ecuatorianos detenidos entre el 6 y el 10 de agosto por la Guardia Civil" y a los que se ha abierto un expediente de expulsión. El alcalde participará hoy en la reunión que mantendrán los sindicatos y las asociaciones de vecinos y agricultores de Totana con el delegado del Gobierno, José Joaquín Peñarrubia, en la que informará sobre el estado en el que se encuentran los expedientes de expulsión de los 17 ecuatorianos, cuya detención encendió la mecha del conflicto.

La Delegación del Gobierno adelantó ayer su postura sobre la posible regularización de los ecuatorianos residentes en Totana, a través de un comunicado en el que solamente hace referencia a los 17 detenidos. En él informa que tres de ellos llevan en España más de un año de residencia, uno se encuentra en el país desde agosto de 1993 -"sin que desde dicha fecha haya regularizado su situación a pesar de las diversas ocasiones que desde entonces ha tenido"- y los demás llegaron hace tres meses.

La nota hace también referencia al contingente de trabajadores abierto este año para regularizar a extranjeros en la Comunidad de Murcia. Según la Delegación del Gobierno, sólo 270 ecuatorianos presentaron solicitud, de los que 141 obtuvieron respuesta favorable. En total, a la región se adjudicaron 2.300 plazas, para las que se presentaron 6.045 solicitudes. "Parece extraño", añade el delegado, "que sólo mes y medio después de haber terminado el plazo de solicitudes de 1998, se pretenda una regularización de extranjeros al margen del mismo".

La Delegación del Gobierno explica que aunque la legislación vigente concede un trato preferencial a los ciudadanos ecuatorianos a la hora de obtener un permiso de trabajo, ésta sólo les exime del visado -que debe tramitarse en el país de origen- en casos concretos. "La facultad de esa exención", advierte la nota, " se reconoce a los delegados del Gobierno, pero está restringida a supuestos entre los que no se encuentra el económico". Los ecuatorianos exponen que realizar el trámite conforme a la normativa les cuesta más de 250.000 pesetas, por el viaje a Ecuador. La nota subraya que esta regulación data de 1985 y 1996, "y por tanto no tiene su origen en el actual Gobierno".

El presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), dijo ayer en Pilar de la Horadada (Alicante) que la Ley de Extranjería, aunque restrictiva, es necesaria, y opinó que el conflicto planteado con este colectivo de ecuatorianos tiene difícil solución, al igual que sugiere la nota de la Delegación. Valcárcel, que elogió la solidaridad de los totaneros, recordó que el problema de la inmigración afecta a toda España, y aunque los empresarios agrícolas siguen demandando que se amplíen los cupos de permisos, insistió en que cualquier solución debe respetar escrupulosamente la ley.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha abierto una investigación por la detención de los ecuatorianos de Totana después de que la Asociación contra el Racismo, Asilados y Refugiados presentara una queja, que ha sido admitida a trámite. Jaime Mayor, ministro del Interior, manifestaba ayer en el Diario de Cádiz que hay que actuar "sin dilación" contra las mafias que trafican con hombres y ser "exigente" con el inmigrante ilegal, pero también tener una "actitud humanitaria" con quienes no logran completar su documentación.

Mientras, los ecuatorianos siguen recibiendo ofertas de precontratos para regularizar su situación. A las de dos firmas de trabajo temporal de Torre Pacheco y una tercera de Alhama de Murcia se sumaban ayer otras de explotaciones agrícolas familiares, cuyos titulares renunciaron a contratarlos por temor a problemas legales.