La Expo lisboeta adjudicó contratos a familiares de responsables de la muestra

, La Policía Judicial portuguesa y los servicios internos de la Expo de Lisboa investigan la concesión de contratos a diversas empresas de bienes y servicios que están dirigidas por familiares directos de altos funcionarios de la muestra, así como el tráfico de información privilegiada desviada, fundamentalmente, hacia diversas compañías inmobiliarias.

Fuentes gubernamentales temen que el fraude descubierto en las cuentas de la Expo se convierta en la punta del iceberg de un escándalo de incalculables proporciones, tras la profunda investigación abierta para esclarecer toda la gestión de la muestra.

Las instrucciones del Gobierno socialista para investigar la corrupción en la Expo "hasta sus últimas consecuencias" no dejan lugar a dudas y han puesto en marcha toda la maquinaria disponible para esclarecer un escándalo que, a su juicio, no debería empañar el prestigio de la exposición internacional.

Las investigaciones no han hecho más que comenzar y ya se han detectado graves irregularidades en su gestión, independientemente del inicial fraude detectado en sus cuentas, cuyo agujero sobrepasa los 1.000 millones de pesetas. Según informaba ayer el diario Público, las investigaciones abiertas por la propia organización y ahora por la Policía Judicial "se extienden por una especie de triángulo que va desde el control de todos los negocios inmobiliarios, la adjudicación de todo tipo de contratos de bienes y servicios, y el resto de operaciones sueltas, como el alquiler de tres grandes cruceros" para el hospedaje de delegaciones y visitantes. Precisamente, estos barcos, cuya explotación a través de dos empresas intermediarias ha sido un rotundo fracaso, costarán a la Expo cerca de 4.000 millones de pesetas.

Información privilegiada

En este sentido, la Policía Judicial y la administración de la muestra investigan la legalidad de la adjudicación de contratos a compañías dirigidas por familiares directos de algunos altos funcionarios de la propia Expo, así como el desvío de información privilegiada, especialmente hacia empresas inmobiliarias. Asimismo, los agentes revisan también los contratos de espectáculos, ante las sospechas de nuevas irregularidades.Por su parte, el ministro de Asuntos Parlamentarios y responsable de la Expo, António Costa, ha subrayado que la administración de la muestra "ha reaccionado correctamente y con total transparencia" con el objetivo de "depurar todas las responsabilidades a que haya lugar" y sin "tratar de encubrir" ningún hecho.

Costa explica que el Gobierno socialista decidió abordar el problema desde el primer momento sin la más mínima intención de aplazarlo hasta después de la muestra. El ministro reconoce que "para la imagen de la Expo hubiese sido preferible guardar este asunto hasta el final de la muestra", pero "el rigor no tiene calendario" y se debe reaccionar cuando es necesario; no se puede jugar con la gente".

El comisario de la Expo, José Torres, explicó que el desfalco detectado en los pagos que simuló una cooperativa de viviendas comenzó a mediados de 1996, pero no fue descubierto hasta ahora, una vez que los controles internos de la Expo se aliviaron de trabajo tras la inauguración.