Legislar contra la desesperación

Sólo Héctor Maravall, director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), se ha atrevido a ponerle una fecha de caducidad: marzo de 1999. El clamor para cambiar la Ley de Extranjería ha hecho que lleguen varias propuestas de reforma al Parlamento. El verano ha impedido que prosperen, pero las negociaciones entre los partidos que más han empujado la reforma (IU, CiU, PSOE) continuarán en septiembre.No sólo los partidos advierten sobre la urgencia de modificar la ley vigente desde 1985. Las autoridades reconocen que no existe una política de inmigración integrada y que medidas como los famosos cupos son sólo "una fórmula de parches".

Las ONG van más allá. Afirman que esta ley convierte a España en una especie de fortaleza e impide reconocer que la inmigración es una realidad social y no sólo un problema coyuntural, que en el verano se manifiesta con toda su crudeza.

Todos reconocen que hay que reformar la ley y que la acción policial no frenará los flujos migratorios por sí sola. A las más de 12.000 detenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil cada año hay que sumar, según el director del cuerpo, estrategias económicas, sociales y diplomáticas.

La fortaleza "es la Europa de las pateras, donde se ha sustituido el telón de acero por el muro de agua del Estrecho de Gibraltar y que funciona a modo de un gueto en negativo, en donde lo positivo está dentro y lo negativo se encuentra fuera", afirma el portavoz de SOS Racismo, José Antonio Moreno.

Lo que más rechazan las ONG es que los acuerdos de Schengen, que eliminan las fronteras entre países de la Unión Europea, motiven una política migratoria en la que se privilegia la acción policial sobre el control armónico de los flujos migratorios. Esto propicia que se criminalice automáticamente a todos los inmigrantes y que se genere un ambiente en el que las sociedades receptoras perciben al extranjero como un competidor o un adversario, en el mejor de los casos. En el peor, se le considera un delincuente.

La opción de los inmigrantes en España ha sido la organización en colectivos como la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes y Algeciras Acoge. Ahí atienden su propia causa: asesoría jurídica, atención social y actividades recreativas.El portavoz de Algeciras Acoge, Hassan Yetefti, se lamenta de que los inmigrantes no tengan acceso a nada, "ni a la vivienda, ni al voto, ni a empleos dignos, ni mucho menos a traer a sus familias".

Algunos sindicatos, como UGT, llegan al punto práctico del asunto. Los indocumentados ven en un permiso de trabajo el único escape de la ilegalidad, lo que genera el abuso de los empleadores, amparados en las reglas impuestas por la Ley de Extranjería.

Después de las pateras

El problema de los inmigrantes que consiguen llegar a España es conseguir los permisos de residencia. Después de años en los que se seguía un extraño criterio por el que un trabajador sólo era admitido si el Instituto Nacional de Empleo (Inem) certificaba que no había españoles buscando su puesto, se estableció un cupo o contingente de plazas que el Gobierno español está dispuesto a otorgar a extranjeros.Pero la realidad es cruda. Ese escaso cupo (que este año se ha fijado en 28.000 trabajadores) es utilizado por extranjeros que llevan años trabajando ilegalmente para conseguir el preciado permiso de trabajo.

Antes necesitan la colaboración de su empleador, que es quien debe solicitar que se le conceda ese permiso. Eso no ocurre en la mayoría de los casos, ya que muchos empresarios prefieren tener a sus trabajadores de forma ilegal y evitar el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social y otros impuestos. No regularizarlos les permite chantajearlos con la amenaza de una denuncia.

Existe una gran bolsa de trabajadores (entre 50.000 y 100.000) que no figuran en ninguna lista oficial. No existen para la Administración, aunque lleven años en España. Si alguno de ellos es detenido puede ser llevado a los centros de detención de inmigrantes, donde se le tratará como un delincuente común. Según abogados expertos en el tema, el trato ahí es "degradante y vejatorio".

Hay otros caminos para regularizarse, no exentos de problemas. Los más comunes son casarse con un español o tener un hijo en España. En el primer caso hay que someterse a un periodo de tres años para acreditar el matrimonio. En el segundo, se corre el riesgo de que cuando se vaya a la comisaría para sacar el DNI del menor, pueden detener y expulsar al padre.

Estar casado con un inmigrante legal tampoco garantiza la residencia. El cónyuge establecido en el país debe certificar que habita en un hogar "con las condiciones mínimas", no compartido. Si se supera este trámite, sólo tendrá derecho a un permiso de residencia, pero deberá arreglárselas para conseguir un permiso de trabajo.

La vía más curiosa de todas es colaborar con la policía en alguna investigación. En principio, los extranjeros que hacen esto tienen el derecho a un permiso de residencia.