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Una dirigente de HB presa renuncia a pedir el paro en los tribunales

Una de los ocho dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna encarcelados desde diciembre por colaborar con ETA ha renunciado a acudir a los tribunales para reclamar su derecho a cobrar el subsidio de desempleo. La vitoriana María José Andueza, en contra de lo hecho por siete de sus compañeros, ha desistido de presentar una reclamación judicial después de que el Inem denegase su petición.

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Fuentes del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en Vitoria confirmaron ayer, tras la jornada festiva del miércoles en la capital alavesa, que María José Andueza no ha seguido la vía judicial tomada por siete compañeros suyos para intentar que los tribunales les reconozcan el derecho a cobrar el paro que dicho organismo les ha negado. Andueza ni siquiera llegó a presentar ante el mismo Inem la reclamación administrativa subsiguiente a la primera denegación, paso previo antes de acudir a la vía judicial.En el caso de Txotxe Andueza, el Inem le respondió que su contrato con Herri Batasuna no le permitía considerarse trabajadora por cuenta ajena, ya que ocupaba una plaza en la Mesa Nacional de la coalición abertzale, a la que accedió en 1995.

Otro caso peculiar es el de la también dirigente alavesa Mati Iturralde, quien cuando solicitó cobrar el desempleo tras entrar en prisión no alegó como el resto de sus compañeros que mantenía un vínculo laboral con Herri Batasuna, sino con Osakidetza (el Servicio Vasco de Salud). Iturralde trabajaba hasta su encarcelamiento en el laboratorio de Labastida. El Inem desestimó su petición porque la dirigente de HB había solicitado antes de forma voluntaria la baja laboral en Osakidetza, un hecho que niega ahora, según las fuentes informantes, y que le ha llevado a presentar la reclamación ante los juzgados de lo Social.

Las reclamaciones de cuatro de los dirigentes encarcelados de HB se verán en los tribunales tras las vacaciones. La vista de las demandas de los vizcaínos Koldo Celestino y Gorka Martínez y del navarro Koldo Castañeda ya han sido señaladas para distintas fechas del próximo septiembre, mientras que el juicio del también vizcaíno Joseba Martín Hernando tiene día fijado para octubre, aunque pueden surgir aplazamientos.

Fuentes de la dirección provincial del Inem en Navarra señalaron ayer sobre el caso de Castañeda, quien alegó la extinción de su contrato con HB y sólo colateralmente comentaba su condena penal: "Acabamos de rechazar una solicitud de similares características presentada por un ex consejero del Gobierno de Navarra que pedía la percepción del desempleo por el tiempo en el que trabajó formando parte del Ejecutivo", informa Mikel Muez.

"En este caso, como en el de Castañeda o el de cualquier otro alto cargo de responsabilidad política se entiende que no existe relación laboral porque han ejercido un puesto de pura confianza política y que no tienen derecho a cobrar el paro", añadieron.

La dirección nacional del Inem remitió ayer mismo a la Fiscalía General del Estado toda la documentación de que dispone sobre el caso de Mikel Arregi desde su condena hasta que la juez donostiarra Garbiñe Biurrun le haya reconocido el derecho a cobrar el desempleo, para que la Fiscalía analice la posible responsabilidad civil del Estado si los tribunales superiores ratifican la decisión de la juez. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que el resto de los expedientes de los dirigentes de HB presos seguirán el mismo curso si obtienen sentencias favorables.

Fuentes del Inem consultadas en las tres provincias vascas, en Navarra y en Madrid, de Instituciones Penitenciarias y de los ministerios de Trabajo e Interior aseguraron ayer que no poseen datos estadísticos sobre cuántos reclusos de ETA pueden haber solicitado el paro, que sólo tendrían derecho a cobrar sus familias de no percibir otras rentas, y se acogieron a la confidencialidad de los datos de cada recluso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de agosto de 1998

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