El GAV planta al TSJ y no defiende su recurso para protestar ante Aznar

El Grup d"Acció Valencianista (GAV), el grupúsculo anticatalanista que pretende manifestarse ante la residencia veraniega de José María Aznar en contra del dictamen sobre la lengua del Consell Valencià de Cultura (CVC), no compareció ayer en la vista judicial en la que se resolvió su recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno, que ha prohibido la concentración. El abogado ultra y dirigente de la entidad, Juan García Sentandreu, plantó a los tres magistrados del tribunal, al abogado del Estado y el fiscal.

La asociación anticatalanista presentó un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para poder manifestarse en Les Platgetes de Bellver, la urbanización de Oropesa en la que el presidente del Gobierno disfruta sus vacaciones. Su intención, la de protestar por el dictámen sobre el valenciano del CVC, base de la ley (también apoyada por el PP) que favorecerá la creación del nuevo ente normativo sobre la lengua, fue abortada de raíz por la Delegación del Gobierno. La autoridad gubernativa prohibió el acto por varias razones: los incidentes provocados por varios miembros de la entidad el pasado 13 de julio ante la sede del CVC -donde insultaron y arrojaron huevos y tomates contra los miembros del órgano asesor-, el derecho de los residentes del complejo al descanso o los problemas que provocaría una concentración en un recinto con un sólo acceso. El grupúsculo radical no comparte estos argumentos. Su recurso pretende que los jueces resuelvan sobre su derecho a concentrarse dos sábados consecutivos -los días 8 y 15, entre las 12.00 y las 22.00- en Oropesa, con el ánimo evidente de que un acto de protesta minoritario -a protagonizar por cerca de 50 personas, según las previsiones de los organizadores- sea de gran resonancia. En cualquier caso, el abogado del GAV, sin aviso previo o posterior alguno, no asistió a la vista, que se celebró sin su presencia. Durante el acto, el abogado del Estado reiteró los numerosos argumentos que a su juicio aconsejan la prohibición, además de los ya esgrimidos por la Delegación del Gobierno, la notable alteración de la seguridad que la concentración causaría en un recinto sometido a fuertes medidas de vigilancia. El fiscal, por contra, solicitó la autorización de la manifestación, aunque con ciertas restricciones: se opuso a que ésta se prolongue durante 10 horas. No obstante, la acusación pública solicitó que la incomparecencia del representante legal del GAV se interprete como un desistimiento de su acción. El tribunal trasladará hoy su decisión a las partes.