Las 35 horas en la CAM

Después de seguir atentamente las noticias en su periódico sobre las medidas para la implantación de la jornada laboral semanal de 35 horas y ser ésta un elemento generador de empleos estables, como empleado público y ciudadano de la Comunidad de Madrid pregunto: ¿es que nadie se ha dado cuenta de que en 1999 hay elecciones autonómicas?De verdad, a estas alturas de legislatura y de año, ¿alguien puede pensar que la consigna dada por el señor Ruiz-Gallardón a sus consejeros de Presidencia y Hacienda es algo más que pura y mera mercadotecnia política?

Parece evidente que esta mediación y las medidas planteadas son elementos que el señor Ruiz- Gallardón entiende que pueden centrar su figura ante las elecciones, ya que si existiera un profundo convencimiento de la justicia de la medida, ésta empezaría por la propia casa (empleados públicos de la Comunidad de Madrid), donde el incumplimiento del convenio colectivo y acuerdo general para funcionarios es moneda diaria, donde la precarización del empleo para unas 7.000 personas (según el señor Martín, responsable del sector autonómico de la FSP-UGT de Madrid) que trabajan en la Administración autonómica es patente, ya que realizan su actividad mediante contratos de prestación de servicios, labores eventuales y trabajos interinos con cargo a puestos de trabajo vacantes.

En la actualidad, y pese a haber sido publicadas las ofertas públicas de empleo (OPE) de los años 1997 y 1998, está ejecutándose la OPE de 1996, existiendo plazas convocadas en enero de 1997, que en la actualidad, con el tribunal calificador nombrado, no ha efectuado todavía ninguna actuación para el desarrollo del proceso selectivo; mientras tanto, a las personas que estamos ocupando esas plazas de forma interina (dos, tres o más años) se nos está impidiendo poder planificar nuestras vidas. Los escándalos en los procesos selectivos de la OPE 96 que ya se han ejecutado (educadores, enfermeras), así como la creación y redefinición de puestos de trabajo como de libre designación, están ppeizando los niveles 25, 28, 29 y 30 de la Administración autonómica, ya que, si no existen en la Comunidad de Madrid, se los traen de otras administraciones (plazas de inspector recién creadas).

En cuanto a la creación de empleo, parece evidente que si se pretende dar un servicio profesional y eficiente a los ciudadanos (lo que en muchos ámbitos de la Administración, al día de hoy, es imposible por falta de personal), si se reduce el tiempo para la prestación del servicio, o bien merma la calidad / profesionalidad o bien se incrementa el número de trabajadores, porque, contrariamente a lo expresado por el señor Beteta, en la resolución de los expedientes, la cantidad de tiempo es un elemento insustituible, ya que siempre es preferible resolver bien a resolver pronto.

En definitiva, lo que el señor consejero de Hacienda pretende (además de que los empleados públicos no recuperemos poder adquisitivo, perdido por las congelaciones salariales de esta década) es que se realice el doble de trabajo por una reducción de seis minutos diarios este año y 12 minutos el año que viene, lo que contribuiría a que 1998 terminara con un ahorro de 10.000 millones de pesetas, en vez de los 5.168 millones de 1997.- .