El Defensor del Pueblo reprueba al alcalde por no desmantelar Cañada Real

El defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha propinado un nuevo varapalo al Ayuntamiento de Madrid por la terrible situación que atraviesa el poblado marginal de Cañada Real. En un escrito dirigido a Presencia Gitana con motivo de la queja que esta asociación presentó por las condiciones de vida en el asentamiento, el defensor del Pueblo da por hecho que el Ayuntamiento de Madrid ha rechazado su recomendación institucional de desmantelar Cañada Real y realojar "en condiciones aceptables" a sus moradores. En este sentido, Álvarez de Miranda no sólo reprueba la política municipal en el asentamiento, sino que califica de "inadmisible" el intento de última hora del Ayuntamiento de realojar a seis familias en Las Mimbreras, un enclave cuyas "condiciones ambientales y urbanísticas son inceptables".En Cañada Real malviven, según Presencia Gitana, unas 300 personas (más de 40 niños). El asentamiento está en Vallecas Villa, junto a la incineradora y el vertedero de Valdemíngómez, el mayor basurero de la región. Creado en mayo de 1994 el Ayuntamiento de Madrid lo utilizó para realojar en casetas de madera a 50 familias procedentes del Camino de los Toros (San Blas).

Este traslado motivó una oleada de rechazos, que se recrudecieron cuando se hizo público un informe sanitario sobre las espeluznantes condiciones de vida en el poblado. Este estudio alertaba sobre el peligro que corrían los moradores por la "degradación del entorno, la contaminación química del agua, los olores nauseabundos" y las enfermedades de los animales que convivían con los chabolistas. Esta dramática denuncia cobró nuevo aliento cuando, a instancias de Presencia Gitana, el Consejo de Europa visitó en abril de 1997 el poblado. El resultado de esta inspecccción fue contundente. Un experto del Consejo emitió un informe que concluía que el "intolerable" poblado de Cañada Real vulneraba los derechos fundamentales de las personas. PASA A LA PÁGINA 3

Condena moral