La mayoría aceptaba eliminar la malversación para lograr unanimidad

Varios magistrados de la mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó a José Barrionuevo, Rafael Vera y otros 10 acusados en el caso Marey por los delitos de secuestro y malversación, estuvieron dispuestos a eliminar de la sentencia este último delito en aras de lograr la unanimidad de la Sala, que consideraban muy importante para resolver este asunto. En cuanto a la investigación de la denominada filtración de la sentencia, el magistrado Ángel Rodríguez la tiene ultimada y es probable que se archive.

Los mencionados magistrados de la mayoría, que participaron con sus compañeros de la minoría en numerosas votaciones unánimes, del total de una treintena que se produjeron, no descartaban alcanzar una sentencia que, aún cuando existieran diferencias de criterio jurídicas en varios puntos, se asumiera como una decisión de la Sala Segunda del Supremo, sin disidencias ni, por tanto, votos particulares, sobre cuestiones esenciales como la valoración de la prueba.Para alcanzar esa sentencia concorde, tales magistrados estuvieron dispuestos a eliminar de la condena final el delito de malversación de caudales públicos, mediante una actitud más indulgente con los acusados y que, en definitiva, no supondría una variación importante en las penas a imponer. La singularidad de los hechos que se sometían a enjuiciamiento, ocurridos hace 15 años, y la trascendencia de que el poder judicial pusiera fin a este episodio de la guerra sucia con un criterio unánime, llevaron a algunos de dichos magistrados a enfatizar la conveniencia de obtener un fallo unánime, aunque la convicción alcanzada durante la vista, especialmente en la valoración de los careos, les impedía promover la unanimidad sobre bases absolutorias.

Cándido Conde-Pumpido Tourón, uno de los magistrados que, según otras fuentes del tribunal, se esforzó en esta tarea, recordaba ayer que en primera instancia, como ocurre en el caso Marey, los magistrados del Supremo no suelen emitir votos particulares, más frecuentes en sentencias de casación, por su trascendencia doctrinal. Señaló que en el caso Filesa, en el que también se produjeron divergencias jurídicas entre los magistrados, no hubo votos particulares.

El concurso medial

En cambio, uno de los magistrados que suscribieron votos particulares, Gregorio García Ancos, se encontraba ayer satisfecho por la buena acogida que han tenido. En cuanto al concurso medial, del que habló este magistrado a los medios de comunicación hace una semana y que ha desencadenado una rebaja de las penas por secuestro, al ser necesaria la malversación para cometer el delito principal, García Ancos aseguró que la Sala no había debatido sobre ese asunto con anterioridad, a pesar de tratarse, como reconoce la sentencia, de "una disposición legal de aplicación obligatoria, incluso de oficio". Otras fuentes señalan que fue el ponente, Joaquín Delgado, quien planteó este debate..En todo caso, cuando el pasado 23 de julio EL PAÍS anticipó la decisión del Supremo, por siete votos a 4, de condenar a Vera y Barrionuevo, la Sala aún no había debatido sobre esa cuestión, que después rebajó las penas de cárcel de 13 a 10 años.

En relación con dicha información, el magistrado Ángel Rodríguez, encargado por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, de investigar la supuesta filtración, está a punto de ultimar su trabajo, una vez que ha tomado declaración a los 11 magistrados del caso Marey y ha obtenido respuesta de los directores de EL PAÍS, El Mundo y Abc. Fuentes próximas a la investigación estiman que será archivada.

Rodríguez preguntó a los magistrados si había alguien con ellos cuando deliberaban, en qué momento concluyeron el debate y si la información periodística era ajustada a la sentencia. Varios magistrados recordaron que cuando se publicó la información no había sentencia.

Otras fuentes mostraron su asombro porque las noticias que circulaban entre los juristas sobre la deliberación de la Sala Segunda no originaran una investigación hasta que no aparecieron publicadas.

El director de EL PAÍS, Jesús Ceberio, se ha acogido al secreto profesional sobre la identidad de las fuentes.