La negociación entre sindicatos y Gobierno sobre las 35 horas termina en ruptura total

La sintonía que parecía presidir las relaciones entre sindicatos y Gobierno regional saltó ayer hecha pedazos. La negociación para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración regional (ahora, los 30.000 funcionarios trabajan 36,5 horas) terminó en ruptura total ante la negativa del Gobierno a retirar su propuesta de supresión del abono de transporte gratuito para los trabajadores a cambio de firmar las 35 horas semanales. Los sindicatos, que rechazan esta medida, anunciaron movilizaciones para el próximo septiembre.

Se cumplieron los peores vaticinios. La segunda vuelta de la negociación entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos para implantar la jornada de 35 horas en la región terminó ayer en completo fracaso tras apenas un cuarto de hora de conversaciones. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, admitió que el año que viene continuará "con casi total seguridad" la vigente jornada de 36,5 horas semanales, mientras que el representante del área pública de CC OO, Alberto Sánchez, hablaba de "ruptura total" y "tomadura de pelo". Su homólogo de UGT, Juan Luis Martín, vaticinó movilizaciones en septiembre.Ni 35 horas ni creación de puestos de trabajo ni nada de nada. El desencuentro, tras lo sucedido ayer, es absoluto. El Ejecutivo regional, que durante más de una semana proclamó con entusiasmo la reducción de jornada, no ve voluntad sindical "por ninguna parte", en expresión de Beteta, para que esta medida no le cueste dinero a las arcas públicas. En el otro lado de la mesa cundía la sensación de que el Gobierno de Ruiz-Gallardón no tenía voluntad real de implantar el horario reducido. "La Administración central le ha dado un toque a la regional para que no se precipite con lo de las 35 horas, y Ruiz-Gallardón no ha resistido la presión", lamentaba el ugetista Martín. "Éste es un Gobierno de derechas y no se acaba de creer lo del reparto del empleo ni harto de vino", apostilló Sánchez, de CC OO.

Encuentro breve

Ya la misma brevedad del encuentro no auguraba nada bueno. "Fueron 14 minutos justos, contando los tres que tardaron en traernos agua", ironizó Sánchez. Beteta reiteró su tesis de que la reducción de jornada no puede negociarse por separado y debe compensarse con una rebaja en algún otro concepto: en concreto, la supresión del abono transporte gratuito a los funcionarios, un beneficio que cuesta 1.800 millones de pesetas al año.Este detalle ha terminado por enfurecer a los sindicatos, convencidos de que el PP quiere "pervertir" a la opinión pública dando la sensación de que los empleados públicos son unos privilegiados.

Tanto UGT como CC OO recordaron ayer que el abono anual de transportes gratuito se estableció en la Administración regional en 1988 a cambio de un complemento de transporte del que ya gozaban los trabajadores regionales en sus respectivas nóminas desde algunos años antes.

"La única forma de financiar la reducción de jornada es con lo del abono transporte", insistió el consejero de Hacienda, y anotó que el resto de gastos sociales que asume la Administración para con sus empleados es muy inferior: las ayudas para el cuidado de los hijos, por ejemplo, apenas suponen 120 millones al año.

Juan Luis Martín recalcó que el abono de transportes (unas 50.000 pesetas al año por trabajador) es un elemento "emblemático y ya negociado en su día". Ambas centrales sindicales aseguraron haber recibido un aluvión de llamadas instándoles a no ceder ni un ápice en la reivindicación del transporte colectivo gratuito.

Así las cosas, las dos partes se conceden una tregua veraniega de un mes y volverán a verse las caras en septiembre sin ya casi ninguna esperanza de acuerdo.

Para esa fecha, los sindicatos ya tendrán preparadas las convocatorias de movilización general en el sector público madrileño.