Romero culpa al Consell del desastre ecológico en el parque de Pego y anuncia denuncias en los tribunales

El PSPV-PSOE denunciará ante los tribunales de justicia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el juzgado de instrucción número dos de Dénia en marzo de 1997 por las que se prohibía cualquier transformación en el parque natural del marjal de Pego-Oliva. El secretario general del partido y candidato a la Generalitat, Joan Romero, culpó ayer al Consell de ser el responsable último del desastre ecológico cometido en el marjal tras realizar una visita a los terrenos. Asimismo, apuntó hacia la pasividad y tolerancia excesivas de otras administraciones, como los ministerios de Medio Ambiente e Interior, la Confederación Hidrográfica del Júcar y algunas áreas del poder judicial. Romero habló de las consecuencias incalculables de los trabajos que se están realizando en el marjal, donde en año y medio se han transformado 500 de las 900 hectáreas de zona húmeda y que incluyen la desecación de terrenos, el cambio del cauce de un río, la instalación de hidrantes y el bombeo del agua procedente del área de especial protección. Dijo también que el Consell tiene instrumentos suficientes para frenar un presunto delito ecológico grave y recordó que los concejales del Partido Popular, imputados ante los tribunales de justicia, están dando su apoyo a las actuaciones del alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, que asumió la alcaldía en las filas de Unión Valenciana. "Ya que Zaplana no es capaz de parar este atentado ecológico", dijo tras la visita al parque natural, "vamos a ver si nosotros somos capaces de hacerlo", en alusión a las denuncias que el PSPV-PSOE tiene previsto interponer esta misma semana ante los tribunales. El diputado Alfonso Arenas se refirió por su parte a la falta de entendimiento dentro de la misma administración a la hora de tramitar los expedientes para la adquisición de terrenos del marjal y cuestionó la existencia de una "mano oscura" que hace que los expedientes que inicia la Consejería de Medio Ambiente los paralice la de Hacienda. Para el diputado Jaime Sendra, cualquier delito continuado conlleva la detención inmediata del presunto autor, pero en este caso se está presionando a la justicia.