Los líderes del PSOE estudian una estrategia contra el PP tras la condena del Supremo

El conocimiento del fallo sobre el caso Marey ha provocado una auténtica convulsión en el PSOE que se está traduciendo en un deseo incontenible de arremeter contra el PP con el argumento de que ha hecho lo imposible por interferir en la decisión judicial. La Ejecutiva y los líderes regionales han encauzado de momento la tormenta. Son conscientes de que en breve debe haber una reunión al más alto nivel para tranquilizar a sus bases y para dar respuesta cerrada a la demanda del PP, rescatada ayer por el ministro Josep Piqué, para que Felipe González asuma responsabilidades políticas.

La Ejecutiva Federal pretende que el PSOE, ante el mazazo que supone una condena para José Barrionuevo y Rafael Vera, no actúe como el "ejército de Pancho Villa", reconoció un miembro de la dirección socialista. De momento están satisfechos por la respuesta que han obtenido de los líderes territoriales y citan a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía; José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura. Este último ha sido el más beligerante ante la posibilidad de que Vera y Barrionuevo fueran condenados.El pasado 11 de julio en la reunión del Comité Federal, el político extremeño instó a sus compañeros a que pidieran responsabilidades a los ministros del Interior de UCD por las muertes de militantes etarras habidas antes de su etapa de Gobierno. Esta petición se sustenta en que si la sentencia finalmente recoge que los policías necesariamente sólo pueden actuar con el conocimiento de sus superiores, lo mismo debió ocurrir con los ministros de UCD bajo cuyos mandatos fueron asesinados varias decenas de presuntos terroristas de ETA. En esa reunión, celebrada a puerta cerrada, nadie respondió a Rodríguez Ibarra. Ahora, y al menos hasta que no haya sentencia, no se va a seguir esa línea, según ha ordenado la Ejecutiva Federal.

Lo que sí va a resultar necesario hacer es una reunión al más alto nivel para hablar de lo sucedido. El portavoz municipal madrileño, Juan Barranco, propone que sea el Comité Federal, y en el que participa Rodríguez Ibarra. Otros estiman más conveniente una reunión de los barones territoriales a través del Consejo Político Territorial, junto a los miembros de la permanente del PSOE y el candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell.

No sólo se trata de mostrar solidaridad con Barrionuevo y Vera, sino también de defenderse como partido, ya que en el PSOE se ha instalado la sensación de que la sentencia les afecta a todos, aunque sean Barrionuevo y Vera quienes reciban las muestras de solidaridad que son incesantes. El expresidente del Gobierno Felipe González ha hablado por teléfono con ambos y lo mismo han hecho los presidentes autonómicos, numerosos miembros de la Ejecutiva Federal, así como diputados y senadores.

Antes de que la Ejecutiva se reúna el próximo lunes, el secretario general, Joaquín Almunia, ha avanzado la línea de autodefensa y de ataque al PP. "Se persigue condenar a dos personas que han defendido a España y luchado contra el terrorismo", dijo Almunia desde Montevideo. A continuación acusó al Gobierno: "Es público y notorio que el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos se reunía alegremente con el abogado de Amedo y con Pedro J. Ramírez, y supongo que no para hablar de fútbol ni de vídeos". "La derecha", concluyó Almunia, "nos ha tratado de retirar a los socialistas de la vida política en muchas ocasiones, y desgraciadamente muchas veces por la fuerza, pero no va a conseguir que nos retiremos y mucho menos que Felipe González se retire mientras él no quiera".

Los dirigentes del PSOE, que reconocen su intención de repetir que el Tribunal Supremo ha sufrido presiones, opinan que intentarán algo tan difícil como denunciar interferencias sin atacar la independencia de los magistrados del Supremo.

En esta complicada situación se movió ayer el presidente andaluz, Manuel Chaves, uno de los dirigentes socialistas más proclives a atacar con dureza al PP. Se agarró Chaves a la declaración de Aznar atribuyéndose el cierre del diario Egin cuando formalmente ésa es una decisión nítidamente judicial y ajena al poder Ejecutivo. "Muchos ciudadanos pueden pensar que si el presidente puede cerrar un periódico, también puede tener esa misma facultad de influir en la justicia sobre la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que dicte sentencia en un sentido u otro".

El PSOE tuvo ayer otros argumentos que le sirvieron para avalar su tesis de que el Gobierno va a utilizar políticamente esta sentencia. Los ofreció el ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, al hacer referencia a las responsabilidades políticas de Felipe González.

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, salió al paso. "La conducta del supuestamente moderado señor Piqué, más que centrar al Gobierno, permite descubrir sus verdaderas intenciones". "Cuando un Gobierno tiene más interés en acabar con sus adversarios políticos que en favorecer un clima de unidad contra el terrorismo, ese Gobierno empieza a ser un problema en sí mismo".