El fiscal considera que las pruebas contra Urralburu son "arrolladoras"

Gabriel Urralburu, ex presidente socialista del Gobierno de Navarra, concertó y recibió comisiones ilegales de las constructoras a las que adjudicó obras, según señaló ayer el fiscal Javier Muñoz al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Navarra contra la trama navarra del caso Roldán. En su opinión, sus pruebas contra éste y el resto de los procesados son "arrolladoras".

El fiscal aprovechó su intervención para calificar de "ridícula" la pena de cuatro años que contempla el Código Penal para el delito de cohecho cometido por funcionarios públicos de "tanta relevancia". El ministerio público pide una pena de 11 años de prisión para Urralburu -por un delito de cohecho continuado y dos delitos contra la Hacienda Foral de Navarra- y siete años para Antonio Aragón -por un delito de cohecho y otro contra el fisco-. Este último ha reconocido que cobró 70 millones de las constructoras pero sin favorecerlas.Muñoz criticó a las ocho empresas que pagaron presuntamente 770 millones de pesetas en comisiones ilegales como a los procesados que las recibieron. "La constructora no se atreve a entregar millones si no existe un concierto previo para ello. No se atreve porque podría resultar rechazada, denunciada, excluida y desprestigiada. Estos conciertos se daban y lo eran bajo el conocimiento y consentimiento de Gabriel Urralburu, porque el consejero estaba dirigido por el presidente del Gobierno", dijo en su informe. Añadió que existió un acuerdo entre ambos para el cobro de las dádivas.

La acusación pública aseguró que los seis procesados eran un grupo perfectamente organizado. "Una organización que pasa por Jorge Esparza y Luis Roldán, que cuenta con la participación directa de Urralburu y Aragón y la colaboración imprescindible de sus esposas" al objeto de cobrar comisiones ilegales a las constructoras a las que adjudicaron obra pública en Navarra. Para Olivia Balda y para Ana Isabel Romeo solicita cuatro y dos años y medio de prisión respectivamente por el delito de cohecho continuado como cooperadoras necesarias. La misma pena pide para Roldán y Esparza como inductores al cohecho.

Muñoz destacó que tras el acceso de Aragón a Obras Públicas se modificó el sistema de subasta que imperaba en la etapa del anterior consejero, por el de concurso. El fiscal aseguró que con el primer sistema de adjudicación no se obtienen comisiones y que con el segundo "aumenta la discrecionalidad". Esta modificación la acordó el Gobierno que presidía Urralburu.