El fiscal anticorrupción reclama que Barrionuevo declare como imputado por los fondos reservados

El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, considera que el Tribunal Supremo es el competente para continuar con la investigación del caso abierto por el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior, puesto que el ex ministro José Barrionuevo tiene la condición de aforado. En un informe demoledor, Villarejo estima que existen relevantes indicios de responsabilidad en la persona de Barrionuevo y que "resulta imprescindible no ya investigar el patrimonio del aforado, sino, en primer lugar, recibir declaración" al diputado socialista "en concepto de imputado".

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, elevó en junio pasado al Tribunal Supremo una exposición motivada en la que manifestaba que en el sumario de los fondos reservados existen indicios contra José Barrionuevo y que es necesaria una investigación de su patrimonio que sólo ese tribunal puede hacer, ya que es aforado por su condición de diputado.El caso ya fue elevado en 1996 al Supremo, pero el fiscal dijo entonces que no había razones suficientes para que este tribunal siguiera con la instrucción y que era preciso realizar otras investigaciones previas.

El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, concluye ahora que la instrucción de la causa está agotada. "La investigación", destaca, "ha puesto de relieve, en algunos casos, un enriquecimiento importante de responsables del Ministerio del Interior o de sus familiares".

"Indicios confirmados"

"La tramitación de la causa", precisa el escrito de Villarejo, "puso de manifiesto, ya en julio de 1996, la existencia de importantes indicios de la participación de Barrionuevo en los hechos objeto de investigación. Tales indicios no sólo no han quedado desvirtuados, sino que han sido confirmados y (...) ampliados con la práctica de las nuevas diligencias, y ello aun con las limitaciones que supone determinar realmente los indicios, sin poder practicar diligencia alguna que afecta al mencionado aforado".El fiscal considera que en la causa existen indicios "que van más allá de constituir meras sospechas para fundamentarse en la "imputación concreta y determinada de un hecho que presenta caracteres delictivos a alguna de las personas que ostentan cargos públicos comprendidos en el fuero especial". Por ello reclama la investigación patrimonial de Barrionuevo y que se le tome declaración como imputado.

A los indicios directos contra Barrionuevo, dice, deben unirse los que existen contra muchos de los demás imputados [José Luis Corcuera, Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez y José María Rodríguez Colorado, entre otros], "habida cuenta de que el presunto enriquecimiento a costa de los fondos reservados durante el desempeño de sus cargos en (...) Interior hace necesarias las explicaciones de quien fue su máximo responsable (...) más de cinco años". Luego, agrega que el sucesor de Barrionuevo, José Luis Corcuera, ya ha declarado como imputado y su patrimonio ha sido investigado. "Obviar el mismo tratamiento a quien le precedió (...) y dejó sentadas buena parte de los usos y mecanismos de control en el ministerio", entiende el fiscal, "supondría un indudable agravio comparativo".

Jiménez Villarejo explica los indicios más relevantes que existen contra Barrionuevo, aunque precisa que no es "un catálogo cerrado de imputaciones".

El fiscal señala que, durante el periodo que se investiga, el destino de los fondos "estaba bajo la más absoluta discrecionalidad de los ministros respectivos". "La inexistencia de control alguno impedía conocer si los créditos presupuestarios se habían invertido en sus fines específicos y si estaban acreditados los pagos a quienes los habían recibido. Esta discrecionalidad, unida a la absoluta falta de control de tales fondos, constituye el verdadero caldo de cultivo de las conductas de apropiación al procurar a las mismas una casi total impunidad", matiza.

El fiscal detalla que Barrionuevo fue entre 1982 y 1988 el máximo responsable de la administración, destino y control de los fondos reservados y que también era el ex ministro quien solicitaba las ampliaciones de las partidas de fondos destinados a gastos reservados, "que permitían una disponibilidad casi ilimitada de los mismos".

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, tiene declarado que entre 1987 y 1993 hubo modificaciones de presupuestos por ampliación del crédito de gastos reservados entre 800 y 1.500 millones y que el encargado de hacer la propuesta era el ministro.

Sobresueldos

A continuación, el fiscal se refiere al pago de sobresueldos o gratificaciones con cargo a la partida de fondos reservados. Tras señalar que la Audiencia de Madrid declaró probado el pago de sobresueldos en Interior, en el llamado caso Roldán, recuerda que el propio ex director de la Guardia Civil ha declarado que cobró gratificaciones varias veces cuando era delegado del Gobierno en Navarra y que fue Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, quien le pagó en dos ocasiones siete millones de pesetas y Vera el que lo hizo en una tercera vez.Agregó que ambos le dijeron que era por orden de Barrionuevo y, según él, Vera añadió que lo sabía el presidente del Gobierno, Felipe González. Villarejo añade que, si Luis Roldán es un testigo de referencia, el testimonio de Julián Sancristóbal "constituye una imputación directa". Y éste ha confesado que recibió sobresueldos por decisión del ministro.