Coronado rechaza enviar a prisión a Navalón como pide Mario Conde
El juez José Emilio Coronado dictó anoche un auto por el que rechaza la petición de prisión incondicional, prisión con fianza de 100 millones y otras medidas cautelares solicitadas contra Antonio Navalón por la defensa de Mario Conde por presuntos delitos de falso testimonio y otros. El fiscal advirtió, tras la declaración de Navalón, que la adopción de este tipo de medidas vulneraba derechos constitucionales y se opuso a todas ellas.
Tras un año y mes y medio de la apertura del caso Argentia bis -un intento de revisar de hecho, sin recurso de revisión, las sentencias que han llevado a Mario Conde a la prisión de Alcalá Meco por 4 años y 2 meses-, el juez Coronado citó para tomar declaración ayer a Antonio Navalón.Navalón y Diego Selva, el otro inculpado en estas actuaciones, fueron denunciados por Lourdes Arroyo, esposa de Conde, el 27 de mayo de 1997, con un escrito ampliado un día después, mediante denuncia por los presuntos delitos de falso testimonio en el juicio oral del caso Argentia Trust, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El meollo de la denuncia es que Navalón y Selva habrían mentido en el juicio sobre el pago de los 600 millones de pesetas -operación Argentia Trust-, lo que habría llevado al tribunal a condenar a Conde. Al admitir la denuncia, Coronado envió una comisión rogatoria a Suiza, en junio de 1997, para conocer los destinatarios del pago de los 600 millones de pesetas. La comisión se sigue tramitando en Zúrich.
Ayer, Navalón anunció, nada más comenzar su declaración, que estaba preparando acciones legales contra Mario Conde, tanto en España como en Suiza. Conde, al prestar declaración ante el juez Coronado, el jueves 2 de julio, dijo saber que Navalón estaba amenazando al fiscal suizo Peter Cosandey con una querella criminal y que, asimismo, tenía noticia de que se estaban adulterando pruebas. "Es absolutamente falso que se esté amenazando con una querella criminal al fiscal suizo y es absolutamente falso que se esté tratando de destruir pruebas".
Navalón ratificó sus dos declaraciones en el caso Argentia Trust, en el sentido de que los 600 millones de pesetas correspondieron a un encargo de colocar acciones de la Corporación Industrial y Financiero Banesto en 1990. Señaló que "el dinero [los 600 millones de pesetas pagados a Argentia Trust] lo cobraron quienes hicieron esos trabajos, entre quienes yo no me encuentro". Recordó que su declaración durante el juicio oral "coincidió en lo fundamental con la de Mario Conde, por lo que en absoluto pudo perjudicarle ni ser la causa de su condena"
Tras una ronda de preguntas del fiscal, Antonio Romeral, tocó el turno al abogado Juan Carlos Lara, defensor de Conde, quien solicitó como cuestión previa la convocatoria de la vistilla prevista por la ley ya que, anunció, "tengo pensado solicitar la prisión provisional del imputado". Navalón contestó a las 93 preguntas formuladas por el abogado Juan Carlos Lara, defensor de Conde, remitiéndole unas veces a lo ya declarado en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y en el juicio oral, y otras veces matizando o repitiendo algunas explicaciones ya conocidas. "Yo no he cambiado nunca mi declaración mientras que ya son varias las versiones del señor Conde", dijo.
Tras un receso para comer, la declaración se reanudó a las 17.00 horas. Al término de la misma, el juez reunió la vistilla. Lara solicitó la prisión provisional de Navalón o, en caso de no acordarse ésta, pidió una prisión eludible con fianza de 100 millones. Otras acusaciones pidieron otras medidas, como retirada de pasaporte y obligación de comparecer ante el juzgado. Sobre las 22.00 horas, el juez Coronado dictó un auto. "Tras el detenido estudio", dice el juez, "de las alegaciones el instructor quiere insistir una vez más que será el resultado de la comisión rogatoria el que determine o no la implicación o no de los ahora imputados en los hechos". El juez rechaza la prisión incondicional.
También desestima otro tipo de medidas."Máxime cuando a lo largo de un año de instrucción no ha sido solicitada por las partes", dice.
