La fiscalía se extraña de que Medio Ambiente no le haya presentado "ni una sola denuncia"

La fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha investigado desde su creación, en noviembre de 1996, denuncias de supuestos delitos ecológicos presentadas por numerosos ayuntamientos valencianos -incluidos los más pequeños-. También ha recibido denuncias de la mayoría de las instituciones, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Consejería de Obras Públicas. Pero al coordinador de esta fiscalía, Carlos Almela, le extraña no haber recibido "ni una sola denuncia" presentada por la Consejería de Medio Ambiente, que "debía ser la más preocupada por los daños ecológicos que se cometen en el territorio valenciano". En cambio, es la consejería -en manos de Unión Valenciana - la que está siendo investigada por la fiscalía por su posible responsabilidad en el proyecto de desecación y urbanización de la marjal de Massamagrell. El consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, ha reiterado en diversas ocasiones que no quiere perjudicar a las empresas valencianas "que generan riqueza y empleo" y que, en vez de recurrir a sanciones, prefiere concienciar a los industriales de que es factible producir sin contaminar. El director general de Desarrollo Sostenible, Ricardo Jiménez, decía ayer que desconocía cuántas denuncias han presentado ante la fiscalía. A pesar de todo, en su informe anual la fiscalía considera "adecuada" su colaboración con el servicio de inspección de la consejería. Las mayores preocupaciones de la fiscalía, según Almela, son las agresiones que padecen las últimas zonas húmedas que perviven en la Comunidad y los vertidos contaminantes que se producen por la falta de depuradoras y "destruyen la vida de los ríos". Ríos contaminados De las 102 diligencias de investigación penal que incoaron el año pasado los fiscales de medio ambiente, 14 eran denuncias de vertidos. La fiscalía destaca los procedimientos judiciales para esclarecer la contaminación de los ríos Magro, Albaida y Cànyoles, y acusa a algunos ayuntamientos de "no asumir sus obligaciones en esta materia" con "el apoyo de organismos autonómicos y nacionales" -la CHJ-. Aunque la fiscalía reconoce que la CHJ, desde que le pidieron responsabilidades por la contaminación del río Magro, "se ha decidido a presentar más denuncias". Con respecto a los humedales, la fiscalía advierte que la jurisprodencia los considera "zonas no urbanizables de especial protección" y se queja de que su protección dependa de una "consideración administrativa". O sea, de la voluntad de la Consejería de Medio Ambiente. También protesta por el retraso "lamentable" de la consejería en la publicación del catálogo de zonas húmedas. Los vertederos que inclumplen la legislación son otro de los quebraderos de cabeza de la fiscalía. El año pasado investigaron nueve basureros, entre ellos el de Real de Montroi. La fiscalía se queja de que las nuevas penas para los que viertan residuos que dañen la salud humana o el ecosistema son muy "benévolas". Las denuncias más numerosas que reciben (31) son de delitos urbanísticos, en su mayoría se trata de segundas viviendas levantadas en suelo catalogado como no urbanizable en los planes de ordenación. Pero la fiscalía cree que estas cuestiones, cuando no afecten a zonas protegidas, deberían resolverse con sanciones administrativas. Obras Públicas presenta muchas de estas denuncias. La fiscalía sólo ha actuado en cinco casos de agresiones contra el patrimonio histórico y en cuatro de incendios forestales. Destacan la disminución de hectáreas quemadas (277 en 1996 y 193 en 1997) que atribuyen "no sólo a la mejora de los medios de prevención" sino también a las lluvias. El 26% de los 150 incendios del año pasado fueron intencionados, el 38% se debieron a negligencias y el 32% y a los rayos, según los datos de su informe. Además han intervenido en contados casos de contaminación acústica "que viola los derechos fundamentales" (5), aterramientos (4), contaminación atmosférica (3) y vallados cinegéticos (2) en Ayora. Una de estas dos diligencias sigue abierta por afectar a las cabras hispánicas. Frente a la pasividad de Medio Ambiente, la fiscalía felicita a los ayuntamientos pequeños del interior, que han presentado muchas denuncias, conscientes de que su turismo rural depende de la conservación de su ecosistema.