"La Justicia es la única administración que nunca ha sido reformada"

Fernando de Rosa Torner (Valencia, 1959) es el nuevo decano de los jueces de Valencia. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, de orientación conservadora, defiende con pasión su profesión y a sus colegas: "No cabe responsabilizar de los males de la justicia a los magistrados", dice sin atisbo alguno de autocrítica. Pregunta. El presidente José María Aznar, llamó a los jueces recientemente a asumir su parte de culpa en el pésimo funcionamiento de la Justicia. Respuesta. La justicia funcionará si existen leyes nuevas y ágiles, se impulsa una remodelación de la oficina judicial y se dota de medios a la Administración de Justicia. Y eso no es cuestión de los jueces, sino que depende los organismos con competencia en la materia. No creo que los jueces seamos culpables de nada, ya que tenemos que limitarnos a trabajar con los medios a nuestra disposición. P. Las encuestas del CIS son demoledoras: la Justicia funciona muy mal. ¿No tienen ninguna responsabilidad sus compañeros? R. No. Ni los jueces, ni los secretarios judiciales ni los funcionarios, ni los fiscales. Otra cosa es que existan resoluciones poco acertadas o magistrados que se retrasan a la hora de dictar sentencia. Pero eso no es lo normal. Si la Justicia funcionara mal por culpa de los jueces, los colectivos de este ámbito -funcionarios, fiscales o la clínica médico forense- lo hubieran puesto de manifiesto. La autocrítica se debe realizar a nivel individual: los jueces como colectivo poco pueden solucionar; se limitan a trabajar con unas herramientas inadecuadas. No se puede hacer una carretera con un pico. Eso sí, los jueces están preocupados con la mala imagen de la Justicia, por eso queremos las medios necesarios. P. ¿No es poco estimulante para los profesionales que el sistema de promoción de los jueces lo marque la antigüedad en la carrera judicial y no la evaluación de los méritos de los magistrados? R. El sistema tradicional es el escalafón o la antigüedad en todo tipo de administración. Pero está también otro sistema de promoción que son las oposiciones internas. De todas formas, creo que hay una nueva generación de jueces y magistrados muy bien preparados. P. ¿Por qué no establecer un sistema que fomente la competencia, como en otras actividades? R. Nadie llega al Consejo General del Poder Judicial [CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces] sin el refrendo de sus compañeros, o a la presidencia de las audiencias provinciales. Ni siquiera a la sala de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Este mismo cargo, el de decano, sólo es accesible mediante una elección democrática. P. Supongamos que uno de los más de 5.000 jueces españoles sea nefasto. Se jubilará en el cargo a sus 70 años, sin que nadie le haya podido reprochar nada. R. Sí. Pero no ejercerá ninguno de los cargos claves en la Administración. Los problemas de la Justicia no radican en el sistema de promoción interna de los jueces, sino en unas leyes del siglo XIX pensadas para una España agrícola, no para un país moderno e industrial, en el que se generan problemas que requieren soluciones rápidas. La Ley de Enjuciamiento Criminal [la normativa que rige los procedimientos judiciales] está diseñada para unos litigios largos y lentos. P. Usted ha criticado la actual concepción de la Oficina Judicial, el espacio en el que el juez, el secretario y los funcionarios trabajan para resolver los pleitos del ciudadano. ¿Qué le pasa? R. Su estructura es muy rígida. La oficina moderna debe ser ágil, y para ello se debe dar más responsabilidad al funcionario. Potenciar la figura del secretario, reconocer el trabajo de los oficiales y los auxiliares. La concepción de la oficina es tan anacrónica, que limita el papel del oficial a trasladar papeles y hacer fotocopias, y la del auxiliar a escribir a máquina los dictados del oficial. La oficina debe estar dividida en áreas más agiles, ya que el juez actúa ahora mismo de cuello de botella porque no puede tramitar todo el papel que sacan adelante diez funcionarios. Son necesarias oficinas más pequeñas, en las que se fijen objetivos y se repartan las responsabilidades de manera más equitativa. R. Incluso el CGPJ ha resaltado el escaso número de horas que se trabaja en los juzgados. R. Los trabajadores de la Administración están desmotivados y los de Justicia mucho más. Es la única administración que no ha sido reformada nunca. El funcionario está mal pagado, su categoría profesional no está reconocida, y tampoco su trabajo. ¿Qué estimulos tiene el funcionario? Las carencias legislativas tienen la culpa, por lo que es necesaria una reforma profunda. P. Algunas asociaciones de magistrados piden un sistema de control de los jueces, un marco en el que evaluar la productividad y la calidad de sus resoluciones. R. Existe una sección de inspección en el CGPJ que no controla a los jueces sino su trabajo. La inspección analiza la razón de que un juzgado concreto no presenta la productividad mínimimente exigible, y si hay negligencia, sanciona al juez. Somos como cualquier otro trabajador, cuyo rendimiento es analizado. P. ¿Qué puede hacer el decanato para reducir los 36.000 casos pendientes de fallo que arrastran los juzgados de Valencia? R. La creación de servicios comunes que reserven la energía de los juzgados a intentar resolver todos esos casos. Si desde el decanato soy capaz de centralizar las tareas burocráticas, crear una oficina central de subastas o un servicio de jurisprudencia, restaré trabajo a los juzgados para que se concentren en la resolución de pleitos. P. ¿Qué haría Fernando de Rosa si fuera ministro de Justicia? R. Un pacto nacional por la Justicia que involucrara a todos los agentes sociales. Determinar que se quiere para la Justicia, para a partir de ahí, crear leyes dinámicas que agilicen la resolución de los pleitos, introducir las nuevas tecnologías en la Administración y reformar la oficina judicial, aumentar la plantilla de jueces y extender la prestación del servicio al horario de tarde.