Adiós a la miliXAVIER RIUS-SANT

"El pueblo de Cataluña, no como una aspiración exclusiva, sino como una redención de todos los pueblos de España, desearía que la juventud fuera liberada de la esclavitud del servicio militar". Con esta cita del preámbulo del proyecto del Estatuto de Autonomía de Núria que redactaron los parlamentarios catalanes en 1932, el diputado de Convergència i Unió (CiU) Carles Campuzano concluía el pasado 28 de mayo su intervención en el pleno del Congreso en que se aprobó el dictamen de la comisión mixta Congreso-Senado sobre la profesionalización del servicio militar. Campuzano, vinculado a la Joventut Nacionalista de Catalunya, rama juvenil de Convergència Democràtica de Catalunya, fue uno de los diputados de CiU más críticos hace dos años cuando el Grupo Catalán dio su sí a la investidura de José María Aznar; y la supresión de la mili obligatoria fue una de las condiciones de las juventudes de Convergència para aceptar el apoyo de la coalición al Gobierno del PP. Sin lugar a dudas, debido a esta presión de CiU la profesionalización del ejército concluirá en el año 2002. El no al servicio militar obligatorio y al sistema de quintas fue una histórica aspiración popular olvidada finalmente por la izquierda durante la Segunda República y de la que se abjuraría durante la transición de los setenta e incluso durante los años ochenta, al imponerse la tesis de que un ejército de leva obligatoria era más popular y menos tendente al golpismo que uno profesional. Tesis que se demostró errónea el 23-F, pues quien decide o no dar un golpe de Estado o sumarse a él no son los reclutas de leva, sino los militares de alta graduación. Ni en Valencia se negaron los soldados a salir ni, como se refleja en el brillante libro sobre el 23-F y Cataluña de Andreu Farràs y Pere Cullell, los soldados acuartelados sabían en qué bando estaban. No fue hasta finales de los años ochenta, coincidiendo con el auge de la objeción y la insumisión, y el goteo constante en las páginas de los periódicos de casos de malos tratos en la mili, cuando CiU y el desaparecido Centro Democrático y Social empezarían a plantear la plena profesionalización del ejército, recuperando desde el centro una reivindicación histórica de los movimientos populares, libertarios o republicanos. Así, el rechazo a las quintas motivó muchas de las revueltas que se produjeron en Cataluña durante los siglos XVIII, XIX e inicios del XX. Movimiento que evidentemente también se dio en otros lugares de España, donde la población más desfavorecida, especialmente en el ámbito rural, no dudaba en servirse de métodos tan drásticos como la mutilación de dos dedos para evitar que el hijo tuviera que abandonar las tierras de labranza para ir a Cuba o África, de donde tal vez no volvería. Pero en Cataluña este rechazo al ejército se unió a las reivindicaciones populares ya fueran federalistas, libertarias, revolucionarias, o de respuesta a los actos de represión de un ejército que bombardeaba Barcelona desde Montjuïc o la Ciutadella. Pese a que el servicio obligatorio no se impuso hasta 1837, cuando el ejército formado por voluntarios remunerados necesitaba más hombres, se reclutaba a jóvenes de las clases más bajas. También se recurría al sistema de quintas, llamado así al escogerse por sorteo a uno de cada cinco jóvenes, si bien se libraban aquellos que tenían recursos para pagar un rescate. Una de las revueltas que más sorprendió fue la de 1773, cuando los jóvenes barceloneses se negaron a dar su nombre y junto con muchos otros ciudadanos se encerraron en la catedral haciendo sonar la campana conocida como la Tomasa. En 1845, al obligar el Gobierno de Narváez a quintarse, la población del entonces independiente Sant Andreu del Palomar se amotinó y se produjo un sangriento bombardeo de la iglesia de Sant Andreu. Más tarde, 25 años después, la Diputación de Barcelona, ante el rechazo de los municipios a las quintas, solicitó su abolición en un documento remitido a las Cortes. La demanda no fue atendida, y en los meses siguientes se produjeron constantes revueltas dirigidas por los federalistas contra el Gobierno de Prim en los municipios de Barcelona, Gràcia, Sant Martí, Sants y Sabadell; hubo decenas de muertos. La abolición no se hizo realidad hasta 1873, con la proclamación de la República. Tras el paréntesis republicano, el ejército de leva volvió a regir en España y dio lugar a nuevas revueltas en Cataluña, la más sangrienta de las cuales fue la Semana Trágica de 1909, cuando la ciudad estalló por la negativa de los reservistas a embarcar hacia Marruecos. Fracasada la propuesta catalana de acabar con el reclutamiento forzoso plasmada en el Estatut de Núria, el antimilitarismo popular, al igual que ocurría después con el intermitente sentimiento anticlerical, pasó a ser un tabú político. Incluso en 1990, cuando la objeción crecía sin freno e incluso los dirigentes juveniles de Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida y Herri Batasuna se hacían insumisos, estas fuerzas políticas todavía se pronunciaban en contra de la eliminación del servicio militar aduciendo el cariz golpista del ejército profesional. Sin lugar a dudas, CiU ha sabido sacar partido de esta reivindicación social políticamente incorrecta que, pese a la oposición oficial de la mayoría de partidos, reaparecía en el tejido social con los 100.000 objetores que se declaran año tras año y el movimiento de insumisos que pone en apuros a los jueces. También ha tenido CiU a su favor la constatación aceptada tras la experiencia del Golfo y Bosnia por el PP y el PSOE, de la mayor eficacia del ejército profesional. Pero evidentemente si no hubiera sido por la presión de CiU todavía se estaría en aquella política pactada en 1992 por el PSOE y el PP que aspiraba tan sólo a conseguir para el nuevo siglo un ejército mixto, mitad de reclutas, mitad de profesionales, y aún estaríamos lejos de terminar con la mili.

Xavier Rius-Sant es escritor especializado en temáticas de derechos humanos, seguridad y defensa.