Malestar en el alto tribunal

La admisión a trámite de la querella del presidente de Sogecable, PRISA y EL PAÍS, Jesús de Polanco, contra el juez Javier Gómez de Liaño por tres delitos de prevaricación presuntamente cometidos durante la instrucción de las actuaciones sobre Sogecable se produjo el pasado 19 de febrero.La decisión fue adoptada por unanimidad de los tres magistrados que integraban el tribunal: Ramón Montero, presidente; José Manuel Martínez-Pereda, ponente, y Enrique Bacigalupo.

Al tiempo que admitían la querella de Polanco y otros tres consejeros de Sogecable, los magistrados rechazaron otras tres querellas contra Liaño que habían sido presentadas por la Asociación de Estudios Penales, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el abogado y ex editor de Ya José Emilio Rodríguez Menéndez por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de la Justicia, simulación de delito, asociación ilícita, falsedad en documento público, tentativa de detención ilegal, impedimento al ejercicio de los derechos cívicos y obstrucción a la justicia.

Los artículos de El Mundo han causado gran malestar en la Sala Segunda, pues los magistrados descartan que Enrique Bacigalupo hubiera podido arrastrar a los otros dos magistrados a tesis que no hubieran compartido, puesto que ambos son personas de fuerte personalidad.

Estas fuentes salen al paso de la información publicada ayer en El Mundo, según la cual Bacigalupo evitó el archivo de la querella contra Liaño al imponer su criterio a sus compañeros.

Bacigalupo colaboró en la editorial jurídica fundada por Mariano Gómez de Liaño, padre del juez procesado y, según fuentes que colaboraron en el despacho Asesores en Derecho, los clientes que supuestamente habría recomendado el magistrado del Tribunal Supremo eran ciudadanos argentinos cuyas causas civiles fueron defendidas por Miguel Ángel Gómez de Liaño, hermano del juez.