Sant Pere de Ribes, ERC y el PI recurren ante los tribunales contra el traslado del casino a Barcelona

El Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes y las formaciones políticas Partit per la Independència (PI) y Esquerra Republicana (ERC) recurrirán ante los tribunales de lo contencioso contra la decisión de la Generalitat de autorizar el traslado del casino de Sant Pere a Barcelona. Iniciativa per Catalunya (IC) calificó ayer el traslado -al que se opondrá- de "aberrante" y solicitó la comparecencia del consejero de Gobernación, Xavier Pomés, en el Parlament para que informe del porqué del permiso. El Ayuntamiento de Barcelona evitó entrar en la polémica.

El Ayuntamiento de Barcelona, por boca del primer teniente de alcalde Xavier Casas, recordaba ayer que la licencia municipal de actividad y de obras sólo se concederá si se cumplen las condiciones que se establecieron en el informe favorable que el consistorio emitió en 1996. "El Ayuntamiento dijo que sí en unas condiciones determinadas", subrayó Casas. Una de las condiciones es que la ubicación del casino en el emplazamiento del hotel Arts, en la Villa Olímpica, tendrá un límite de cinco años. Además el Ayuntamiento exige que el acceso al casino esté controlado y que se requiera la identidad para poder entrar en la zona de tragaperras. Casas declinó hacer ningún tipo de comentario sobre la tormenta que ha ocasionado la autorización de la Generalitat: "No entraremos en la discusión". Desprecio Quien sí se pronunció ayer con rotundidad fue el alcalde de Sant Pere de Ribes, Xavier Garriga, que acusó a la Generalitat de haber "despreciado" a la institución democrática que él representa, ya que el Departamento de Gobernación no le informó de que la autorización del traslado del Gran Casino de Barcelona había sido concedida, informa Xavier Canalis. "Como alcalde y como representante del poder local, me siento como si nos tratasen de residuales y nos retirasen los canales de comunicación con órganos políticos superiores, como la Generalitat", afirmó Xavier Garriga, visiblemente airado. "Por ello pido que haya un debate político en el Parlament", añadió el alcalde, que recordó que el casino emplea a unas 500 personas en la comarca del Garraf y deja unos 100 millones de pesetas al año en el municipio en concepto de impuestos. Según el alcalde, el hecho de que se deba acudir a los tribunales para defender los intereses del municipio "dice muy poco en favor del sistema democrático en este país". ERC decidió ayer sumarse a las acciones judiciales que inicie el consistorio de Sant Pere de Ribes. El PI presentará también un recurso por la vía de lo contencioso para solicitar la anulación del traslado. Uno de los argumentos del PI para la presentación del recurso coincide con la postura de ERC e IC en este asunto: estas formaciones sostienen que la autorización del traslado es un acto administrativo ilegal, pues consideran que el marco legal que lo regula es una normativa estatal que prohíbe la instalación de un casino en los términos municipales de ciudades de más de 300.000 habitantes, y de forma precisa en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. La Generalitat no comparte este punto de vista. "Está claro que es una cuestión que tienen que fijar los tribunales", afirmó ayer Pilar Rahola . Además el PI presentará una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia porque entiende que la autorización del traslado del casino de Sant Pere a Barcelona supone que la Generalitat defiende el monopolio del juego en manos de una misma empresa: Casinos de Cataluña-Inverama. "Si Barcelona va a tener un casino, es lícito que se convoque un concurso", remachó Rahola. Por último, el PI también solicitará que el asunto de los casinos sea analizado por la Fiscalía Anticorrupción: "Cuando menos, entendemos que hay una responsabilidad del partido que gobierna, que ha defendido durante 19 años a la misma empresa y sus intereses", puntualizó Rahola. El portavoz de IC en el consistorio, Eugeni Forradellas, anunció que pedirán un debate en el plenario del Ayuntamiento. Forradellas también instó al PSC a que aclare su postura, ya que el informe del Ayuntamiento fue favorable al traslado y, en cambio, en la discusión en la Diputación, el PSC se manifestó en contra.