Detenidos 35 inmigrantes ilegales a bordo de una patera en Tarifa

La Guardia Civil detuvo en la madrugada de ayer en Tarifa a un grupo de 35 ciudadanos marroquíes que intentaban entrar en España de manera ilegal a bordo de una patera a la altura de Punta Camarinal. Los detenidos, entre los que se encuentran tres mujeres, permanecen retenidos en Algeciras, y ya han comenzado los trámites para su repatriación. En Málaga, varias decenas de ilegales llevan encerrados desde el viernes en la catedral como protesta para exigir que se regularice su situación.

El pasado año, 3.399 inmigrantes ilegales, en su gran mayoría procedentes de Marruecos, fueron expulsados tras haber sido detenidos en distintos lugares de Andalucía, según informa Europa Press. También en 1997, se dictaron en toda España 22.570 resoluciones de expulsión de extranjeros, de las que el 15% correspondieron a la comunidad andaluza. Por otro lado, cerca de 60 subsaharianos indocumentados protagonizan desde el viernes por la noche un encierro en la catedral de Málaga que está previsto que termine hoy. No están solos: Un centenar de miembros de la Plataforma de Solidaridad con el Inmigrante -un colectivo que agrupa a más de 20 ONG, sindicatos e IU- se unió a ellos para exigir a la Administración que les proporcione la documentación necesaria para que puedan acceder a los circuitos laborales y sanitarios y hacer público "el drama" que sufre esta gente que "ni es documentada, ni puede ser expulsada porque no se les reconoce en sus países". Más de 200 subsaharianos, en su mayoría de Nigeria, Mali y Senegal han llegado a Málaga procedentes de Ceuta y Melilla desde el 23 de febrero pasado, fecha en que concluyeron los planes de acogida para los inmigrantes de esta región africana , según informó ayer el secretario de la Plataforma, Luis Pernia. "Hemos solicitado la cédula de inscripción para todos ellos y nos ha sido negada sistemáticamente a pesar de la Ley de Extranjería sólo contempla dos posibilidades: expulsión o documentación". A su llegada a Málaga, se interna a los ilegales en el centro de Capuchinos, paso previo a la devolución a su país. A los 40 días, el tiempo máximo que contempla la ley, "son puestos en la calle sin más, se les niega la atención sanitaria, se les niega el acceso a un trabajo, y se les condena a vivir de la economía sumergida", según Pernia, que aseguró que las autoridades están "dispersando a los inmigrantes por todo el territorio nacional para que el problema sea menos evidente".