Loza propone que el Estado ayude a financiar los "salarios sociales"

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Jesús Loza, formuló ayer una propuesta para que el Estado participe en la financiación de las rentas mínimas de inserción (los salarios sociales) a través de fondos procedentes de los beneficios de las distintas loterías. El responsable del Gobierno vasco considera que de esta manera Madrid puede aportar 27.000 millones de pesetas y duplicar la cifra global que las comunidades autónomas españolas dedican a este tipo de ayudas. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José Bermejo, avaló esta posibilidad desde el punto de vista jurídico, en el marco de unas jornadas sobre las rentas mínimas de inserción, que empezaron ayer en Vitoria. Bermejo destacó que el Estado puede legislar, regular y participar de manera económica en una competencia que hasta ahora sólo han asumido las administraciones autonómicas. Loza señaló que las necesidades estimadas para cubrir los salarios sociales en todo el Estado ascienden a 130.000 millones de pesetas, muy por encima de los 27.000 millones que en la actualidad se manejan de manera global. La aportación estatal se financiaría con un 2% de los premios de las loterías, que en la actualidad ascienden a un billón de pesetas. Con esa partida se duplicaría el presupuesto destinado a las rentas mínimas, que a partir de ese instante se financiaría a medias entre el Estado y las comunidades autónomas. "Con un incremento progresivo de los presupuestos de unos y de otros al 50% se podría alcanzar en varios años el presupuesto total", indicó Loza. Necesidades cubiertas De los 27.000 millones de pesetas que las administraciones autónomas españolas aportan a los salarios sociales, 7.000 millones corresponden al País Vasco, lo que supone que una población que corresponde al 5% de la estatal recibe más del 25% de los fondos dedicados a la inserción social de los más desfavorecidos. Según destacó Jesús Loza, cerca de 12.500 familias perciben en el País Vasco mensualmente el denominado IMI (Ingreso Mínimo de Inserción), cuyo objetivo es garantizar la subsistencia más básica, y que determina de una manera gráfica los porcentajes de pobreza que acumula un territorio. La cuantía mínima que reciben los ciudadanos beneficiados es de 43.500 pesetas, con incrementos en función del número de personas que integran el núcleo familiar. A pesar de que el derecho contemplado por ley señala que deben ser 62.000 pesetas las que perciban de media, el modelo vasco descuenta de esta cantidad los ingresos que pueda haber por actividades laborales de los afectados. Loza calcula que en el caso vasco, donde se alcanza una cobertura del 100%, la aportación estatal de 3.500 millones -la mitad del presupuesto actual- "podría destinarse a ayudas de emergencia social o inserción".