Trabajo propone aumentar los años para el cálculo de las pensiones

El Gobierno quiere abrir en septiembre la negociación con los partidos para renovar el Pacto de Toledo con vistas al año 2000. Revisar las pensiones de viudedad e invalidez, luchar contra el fraude y "reforzar la contributividad", es decir, aumentar el número de años para el cálculo de la pensión, son los asuntos primordiales, según explicó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio.

Juan Carlos Aparicio abogó, además, por un pacto como el de Toledo para "ordenar" el gasto sanitario y la posibilidad de abordar cuestiones como el llamado ticket moderador.La renovación del acuerdo de todas las fuerzas políticas sobre pensiones es una de las prioridades del Gobierno para después del verano. Se seguirá así el esquema del vigente pacto que, pese a que fue tachado de "bajo en intensidad", ha tenido un efecto "tranquilizador para el sistema público de pensiones", según Aparicio.

El secretario de Estado ofreció como un buen resultado que en mayo se ha conseguido alcanzar una media de dos cotizantes por cada pensionista, la mejor proporción de los últimos cinco años. En total, son 13,5 millones los afiliados por 6,7 millones de pensionistas.

Aparicio dijo que, en este contexto, es el momento de "actuar con sensatez", sin "cambios bruscos", ante un problema a "medio y largo plazo" como es el de mantener un ritmo de crecimiento del gasto social igual al de la riqueza generada. Nada peor para este objetivo que "los profetas de catástrofe", añadió, en referencia a las críticas de José Borrell.

Durante su intervención en un seminario sobre La España del euro, el reto de la internacionalización, que esta semana se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Aparicio esbozó los aspectos que, en su opinión, debe abordar el nuevo Pacto de Toledo. Se refirió a la necesidad de "reforzar la contributividad" del actual sistema de pensiones, lo que significa aumentar el número de años que se toma como base para el cálculo de la prestación. El Pacto de Toledo vigente lo subió de 10 a 15 años.

El cálculo de la pensión sobre un número más elevado de años de cotización perjudica a los autónomos que cotizan por lo mínimo; beneficia a quienes durante una etapa han estado en paro, sobre todo en edades avanzadas; y no tiene apenas impacto para quienes han tenido una vida laboral regular.

También apuntó la necesidad de revisar las pensiones de viudedad, ya que se establecieron en un momento en que el acceso de la mujer al mundo laboral no llegaba al nivel actual. Ahora, la tasa de actividad femenina es todavía casi la mitad de la masculina, pero todo hace esperar que siga en aumento. Se plantea así el problema de la compatibilidad de pensiones, ya abordado sin solución por el anterior Gobierno socialista. La respuesta que se dé tiene su importancia, porque el gasto en pensiones de viudedad alcanza ahora el 22% sobre un total de ocho billones de pesetas.

Las pensiones de invalidez son otro de los palos que el Gobierno quiere mover. Según Aparicio, hay 50.000 personas que trabajan y cobran a la vez esa pensión. Antes del 2000 habrá que decidir también cómo se financia el llamado complemento de mínimos, desde el presupuesto de la Seguridad Social, como ahora, o desde el del Estado. En total, suma 600.000 millones de pesetas anuales.