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Las monjas de La Salud arropan a Maeso y aportan escasos datos al juez sobre el caso

"Llama la atención la falta de memoria que los testigos están exhibiendo sobre el caso", señaló ayer uno de los abogados de los afectados de hepatitis C, tras la comparecencia ante el juez de tres religiosas de la Casa de la Salud y del jefe del servicio de Farmacia del hospital. Las monjas, que supervisan los servicios de Maternidad, Farmacia y los quirófanos de la clínica afirmaron que no existió ninguna irregularidad en el centro ni en el comportamiento del anestesista Juan Maeso. Entretanto, se confirma que ya son cerca de 130 las secuenciaciones del virus idénticas entre sí.

Ninguna de las tres religiosas de la clínica Casa de la Salud -que salieron del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia en una furgoneta con los cristales cubiertos- quiso hablar con los medios de comunicación tras prestar declaración ayer ante el juez que investiga el brote de hepatitis C detectado en este centro y en el hospital La Fe de Valencia. No obstante, los abogados de los afectados señalaron que tanto ellas como el jefe del servicio de Farmacia del centro privado, Eduardo Ramos, arroparon al anestesista Juan Maeso (el único imputado en el caso) y señalaron que en su hospital "todo está controlado y la contabilidad no falla". Las religiosas negaron irregularidades en el comportamiento de Maeso, así como en la Casa de Salud, donde dijeron que "todo cuadra", en referencia al control de los fármacos y los derivados opiáceos. "Llama la atención la falta de memoria que todos los testigos están exhibiendo sobre este caso", señaló otro letrado, quien añadió, en clara alusión a las religiosas, que "por una cuestión de ética podrían descolgarse el Cristo que llevan en el pecho". "No se puede tener tan poca memoria como la que muestran desde sus puestos de responsabilidad y negar la existencia de irregularidades en la clínica", añadió. Ninguna pista Las hermanas Consuelo García, Cristina Martínez y Eugenia Urdangarín aportaron pocos datos nuevos al juez, que ha solicitado la comparecencia, el próximo viernes, de la enfermera de La Fe Rosa Ribes, quien supuestamente alertó al ex gerente del hospital, Enrique Trull, de ciertas anomalías en el comportamiento de Maeso.Además de las monjas, otros nueve testigos (del hospital la Fe) comparecieron el viernes ante el juez y afirmaron desconocer si Juan Maeso, considerado posible foco de infección, era consumidor de opiáceos. Entretanto, el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, que ayer inauguró la nueva unidad de Oncología Pediátrica en el hospital infantil La Fe, confirmó que ya hay más de un centenar de secuenciaciones del virus coincidentes entre sí -el doctor Rafael Esteban Mur, jefe de la unidad Hepática del hospital Vall d"Hebrón de Barcelona, afirmó el lunes que son 130 las que permiten relacionar el brote de hepatitis C con el anestesista Juan Maeso-. Preguntado sobre si las declaraciones de los testigos confirman o no las sospechas de la Consejería de Sanidad, Farnós señaló que la consejería "no tiene ninguna sospecha" y reiteró que el caso está en manos del juez, al que periódicamente se remiten los resultados de los análisis de sangre efectuados a los pacientes infectados. Por otra parte, el Gobierno valenciano aprobó ayer un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y el departamento de Genética de la Universidad de Valencia para realizar un estudio analítico que permita esclarecer la causa del brote de hepatitis C y "la posible relación de los enfermos con las potenciales fuentes de infección". Se trata de realizar las pruebas necesarias para acreditar la identidad del tipo de virus contraído y los marcadores genéticos, "para establecer, con el mayor grado de fiabilidad posible en la actualidad, la relación parentesco-descendiente entre las secuencias". Además de los análisis que se realizarán para ver la relación entre las muestras y "la fuente de infección considerada", la Universidad contrastará "la fiabilidad de cada secuencia [del virus] individual" para determinar la "paternidad genética". El coste estimado para un montante inicial de 150 muestras es cercano a los siete millones y medio de pesetas.

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