Diego se escribe con D de dignidad

Cuando desde amplios sectores de la sociedad civil se piden dimisiones de ministros y consejeros que han demostrado con creces incompetencia, ineptitud e incapacidad (caso Aznalcóllar/Doñana/Boliden/Guadiamar, por ejemplo), aún aparecen artículos de prestigiosos juristas y declaraciones de algún "animal político" que todavía creen que el verbo dimitir no debe existir en el diccionario de uso de la clase política. Por eso, en sus estrechas y legalistas mentes no les entra que una persona dimita porque antes que el puesto y la poltrona está la coherencia y la dignidad en su labor y quehacer diarios. Esto se ha visto claro cuando el parlamentario de IU-CA Diego Valderas presentó su dimisión como presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, después que se demostró la incompatibilidad del consejero del PA Antonio Ortega como miembro del consejo de administración de la Caja San Fernando y su ocultación al Parlamento de Andalucía, dejándose de sancionar esta grave falta gracias a la apisonadora PSOE/PA. Según el catedrático Javier Pérez Royo, prestigioso constitucionalista, cercano al PSOE, "la sanción tiene que estar siempre reglada. Si no está prevista en el reglamento de la Cámara, el presidente no puede imponerla" (El País Andalucía, 7-06-1998). Siguiendo esta aseveración de Pérez Royo, me hago la siguiente reflexión: si Diego Valderas, que preside una comisión que debe regular el cumplimiento de la legalidad de parlamentarios y consejeros, demuestra que un consejero/parlamentario (Antonio Ortega) ha cometido una grave infracción y resulta que no hay una legislación que castigue al infractor, ¿para qué "carajo" sirve esta comisión parlamentaria?. Recuerdo que en la anterior legislatura (en un Parlamento precisamente presidido por Diego Valderas) se castigó, se sancionó, y hasta se demonizó en ciertos sectores al diputado de IU-CA Sánchez Gordillo por recibir un dinero de la Consejería de Educación que él mismo reveló. Para éste sí hubo sanción, señor Pérez Royo. El maniqueísmo político del juego de las mayorías, en este caso el "rodillo" PSOE-PA, evitó que una sanción grave quedase en apercibimiento. Por eso Diego Valderas fue digno y coherente cuando presentó su dimisión. ¿Para qué va a presidir una comisión que antepone los intereses políticos a la legalidad?-