El Gobierno niega que vaya a cambiar la jornada de los funcionarios

El viceconsejero de Función Pública, Luis Alba, desmintió ayer con firmeza las afirmaciones del secretario general de ELA, José Elorrieta, quien acusó al Gobierno de pretender modificar, sin negociación, las condiciones de la jornada laboral de los funcionarios. Alba, responsable de la materia en el Departamento de Hacienda y Presidencia, aseguró que, por el contrario, el Gobierno de Vitoria tiene el propósito de "mantener las actuales condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración pública vasca, incluido el régimen de jornada laboral hoy vigente". El viceconsejero de Función Pública señaló que las acusaciones de modificación unilateral de la jornada laboral "no responden a la realidad" y que la distribución anual no se cambiará si no es con el previo acuerdo de los sindicatos. Alba se refirió expresamente a ELA y a la dureza verbal empleada por Elorrieta y señaló que ni esa dureza ni la convocatoria por esa central y por Comisiones Obreras de una huelga de 24 horas en la Administración para el próximo día 30 se justifican en las discrepancias existentes. Ante la falta de acuerdo en la mesa de negociación colectiva, el Gobierno prepara un decreto, cuyo borrador se comprometió a presentar a los sindicatos. Ese borrador mantiene, según aseguró Luis Alba, el régimen de condiciones de trabajo contenido en el acuerdo laboral para 1996, aprobado conjuntamente por el Ejecutivo y los sindicatos. Decreto El tiempo anual de trabajo se mantendrá en las 1.660 horas que establece ese acuerdo, cuya reducción quieren ahora los sindicatos, y el incremento retributivo, en el 2,1% que permite la ley vasca de Presupuestos. El responsable de Función Pública sí admitió dos únicas modificaciones contenidas en el borrador de decreto: la supresión de disposiciones conteniendo compromisos ya cumplidos por la Administración, entre los que se citan los concursos de traslados y las relaciones de puestos de trabajo, y las previsiones de participación sindical en la aplicación del acuerdo. Éstas últimas carecerían de sentido, según Alba, "en una tesitura de desacuerdo" como la que viven ambas partes. Alba insistió en diferenciar el decreto que prepara su departamento de las propuestas de la Administración para la negociación colectiva. El primero es el mecanismo previsto por ley y la facultad que ésta pone en manos del Gobierno para, como es el caso, los supuestos de desacuerdo.