La fiscalía abre diligencias a la Diputación de Castellón por presunta malversación

La encuesta, además, hacía referencia a cuestiones sobre municipios concretos y a valoraciones sobre políticos, que nada tienen que ver con la Diputación, y de los que se pedía una puntuación global y otra personal. Entre ellos se encontraban dirigentes de todos los partidos políticos, entre los que se encontraban desde el Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, hasta el ex gobernador civil de Castellón, Ignacio Subías, así como diputados populares y socialistas o responsables de partidos como UV. Junto a estas preguntas aparecían otras, en la primera mitad del sondeo, que sí se referían a aspectos propios de la institución provincial. El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Ximo Puig, afirmó ayer que "de lo que se trataba con esta encuesta era de saber la intención de voto de los ciudadanos e incluso de hacer una primarias en el PP con fondos de todos los ciudadanos". Puig hizo así referencia a la inclusión de dos municipios (Segorbe y Benicarló) en los que sólo se preguntaba sobre dos posibles candidatos del PP. Tanto el vicepresidente de la diputación, Víctor Campos, como los responsables de Metra Seis respondieron a las acusaciones de los socialistas argumentando que las preguntas sobre intención de voto formaban parte de un encargo realizado por un medio de comunicación. Rafael Ruiz Fuentes, de Metra Seis, en una carta dirigida al propio Carlos Fabra, indicaba que "dado que el ámbito poblacional era el mimso, nos pareció procedente efectuar de forma conjunta el trabajo de campo para ambas encuestas aunque, eso sí, no mezclando en ningún momento las preguntas de una y otra y, además, formulando en primer lugar las correspondientes a la encuesta de la Diputación". Sin embargo, la pregunta sobre el voto en las últimas elecciones, que sí figura entre los resultados ofrecidos a la Diputación, corresponde al número 26, justo a continuación de las referidas a la intención de voto. Además, los folios del sondeo están encabezados por el epígrafe: "Estudio de opinión Castellón. Diputación y ayuntamientos". Acciones legales El grupo socialista pidió en febrero que se iniciaran acciones legales contra la empresa por haber unido las preguntas de la Diputación a las de intención de voto. Ayer, Ximo Puig alegó que los datos obtenidos en la parte política "después de seis meses, no han sido publicados por ningún medio de comunicación y nadie hace una encuesta de casi 3.000 entrevistas para no publicarla". Asimismo, dijo desconocer cualquier relación entre el PP y la adjudicataria, aunque apuntó: "Al parecer, un miembro de la empresa fue invitado por el presidente de la Diputación a las pasadas fiestas de la Magdalena y no sé si es muy normal ese alterne con los proveedores". Por todo ello, en su petición de investigación, que ha sido aceptada por la fiscalía, los socialistas indican que la contratación "pudiera haberse utilizado por el presidente de la Diputación o por su partido, el PP, para, utilizando fondos públicos, realizar una encuesta pre-electoral", con lo que se estaría incurriendo en un presunto delito de malversación de fondos públicos titpificado en el artículo 432 del Código Penal. Por su parte, Carlos Fabra, mantuvo que la Diputación sólo encargó el estudio sociológico. "No tenenmos nada que ver", señaló. El presidente de la Corporación provincial sólo añadió que el caso se debe "a la situación de nerviosismo del señor Puig".