El Consejo de Estado cuestiona la ley de los funcionarios por lesionar la "igualdad y cohesión"

El Consejo de Estado califica de "seriamente cuestionable" desde el "principio de igualdad (de oportunidades) y cohesión (territorial)" el proyecto de Ley de la Función Pública en lo referente al sistema de selección de los funcionarios, al no dejar claro que la oposición debe ser el sistema preferente de acceso y al no establecerse unos criterios homogéneos para la promoción interna. El dictamen que el Consejo de Estado acaba de enviar al Gobierno es un serio varapalo a uno de los proyectos más queridos del PP, con el que trata de cubrir un vacío existente desde la aprobación de la Constitución.

El dictamen del Consejo de Estado ha evitado, no obstante, la descalificación global del texto elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas y en el que se embarcó nada más ganar las elecciones hace dos años. El proyecto, que afecta a dos millones de funcionarios, contó con el aval de los principales sindicatos, al reconocer el Gobierno la negociación colectiva en la función pública, y de numerosas comunidades autónomas al flexibilizar su coordinación con el Estado. El dictamen tiene, en su preámbulo, dos expresiones laudatorias al esfuerzo del Gobierno al señalar que con él se abordan temas de "indiscutible importancia" y porque "es un texto que, en sus líneas generales, aparece bien construido y orientado". Pero ahí acaban todas las bendiciones del Consejo. A lo largo del texto, de 141 folios, que aparece firmado por Landelino Lavilla como presidente accidental de la Comisión Permanente, las críticas son muy duras, sobre todo, en los aspectos más sustanciales del proyecto: los que regulan la carrera funcionarial, la selección de los funcionarios y la información del Registro -el organismo que registra el número de personal de la Administración, sus altas y bajas y que es determinante para evaluar, por ejemplo, las incompatibilidades de los funcionarios-. El dictamen del Consejo de Estado deja patente también su preocupación por la falta de cohesión y homogeneidad entre el modelo del Estado y el autonómico, y por la seguridad jurídica del proyecto de ley de la Función Pública. El Consejo llama seriamente la atención, en primer lugar, sobre el sistema de selección de los funcionarios, regulado en el artículo 15 del proyecto del Gobierno. Según el dictamen, no se establece la prioridad clara de la oposición sobre el concurso y el concurso-oposición al definir los procedimientos selectivos de acceso a la Administración.

Sistema de ingreso

El dictamen dice: "(El proyecto del Gobierno) renuncia a establecer la prelación con carácter básico entre ellos, que puede conducir a la consolidación de modelos muy diferentes en el acceso a la función pública del Estado y de las comunidades autónomas, lo que resultaría seriamente cuestionable desde la óptica del principio de igualdad y cohesión". Y para que no quepan dudas, añade: "El Consejo de Estado estima que sería conveniente establecer la oposición como sistema ordinario de ingreso del personal funcionario". Nueve folios del dictamen van dedicados a este aspecto, lo que deja patente la preocupación del Consejo de Estado por este punto concreto. El Consejo de Estado también se inquieta por la regulación de la carrera funcionarial, recogido en el artículo 40, debido a la ausencia de regulación de unos "criterios mínimos" entre las distintas administraciones públicas sobre la promoción dentro de la carrera. Dice el dictamen: "El crédito del sistema dependerá del acierto en la efectiva aplicación del procedimiento que rige la progresión de la carrera. Y no existen en el proyecto mínimos suficientes que doten al sistema de garantías de aplicación con igualdad y homogeneidad entre las distintas administraciones públicas". El Consejo de Estado concreta su preocupación en que el proyecto del Gobierno admite "el ascenso per saltum previa superación de pruebas selectivas" y porque "cada administración pública determinará la periodicidad de las evaluaciones, los órganos encargados de su realización y los procedimientos aplicables". El dictamen llama, asimismo, la atención al Gobierno por "la renuncia a establecer una norma única para la determinación de los contenidos mínimos de los Registros de personal". "Con la redacción proyectada", dice textualmente el proyecto, "se corre el riesgo de fragmentar y situar en distintos niveles la información registral del personal, con sus repercusiones en cuanto a la aplicación de otras previsiones del Estatuto, como el control del régimen de incompatibilidades". El Consejo pide al Gobierno la introducción de "algunas cautelas en aras de la necesaria coordinación". El Consejo entra, también, en el terreno de la ausencia de garantías jurídicas para los funcionarios. Hace una referencia crítica a la regulación de la libre designación, "desde la óptica de la pretendida profesionalización de la Función Pública para aquellos que por la especial naturaleza de sus funciones así se establezca", reza el dictamen parafraseando el texto del Gobierno.

Excesiva discrecionalidad

A renglón seguido, el Consejo denuncia y recomienda: "Este inciso es en realidad un portillo abierto a la más completa discreción y, por tanto, debería restringirse tal ámbito de hecho ilimitado, ciñéndolo a determinados supuestos con características especiales concretas". También denuncia la ausencia de referencias a "las causas de remoción" y de precisión sobre la adscripción de funcionarios cesados "cuyo puesto de trabajo ha sido objeto de supresión".El Consejo también denuncia reiteradas veces el texto del Gobierno por la ausencia de publicidad en las convocatorias. "Deben establecerse con carácter básico mayores garantías en cuanto a la publicidad de las convocatorias para proveer puestos de trabajo y al medio de determinación del procedimiento de provisión correspondiente en cada caso", denuncia el dictamen.