Los trabajadores de Telefónica se manifiestan contra el plan de ajuste

Varios miles de trabajadores de Telefónica (12.000, según los convocantes, y 8.000, según la policía) protestaron ayer contra el equipo gestor de Telefónica, las medidas para blindar el Consejo de Administración y el plan para reducir 9.900 empleos durante 1998. Los manifestantes pidieron que el plan, acordado por la mayoría del comité intercentros, no se use como coartada para lograr la eliminación de 20.000 puestos de trabajo que persigue la dirección.

La marcha había sido convocada por los sindicatos UGT, CGT, UTS y SATT, sin el apoyo de CCOO, cuyos votos fueron decisivos para que el comité intercentros aprobara el plan de bajas propuesto por la dirección de Telefónica para este año (afecta a 9.979 trabajadores). Los manifestantes reclamaron el mantenimiento de la actual plantilla (62.599 trabajadores) e información veraz sobre la estrategia de la empresa.Los representantes sindicales reiteraron su temor a que el plan de bajas aprobado por la mayoría del comité intercentros (con los votos a favor de CCOO y en contra de UGT) sirva para encubrir el despido de unos 20.000 trabajadores, que es el objetivo que se marcó el actual equipo gestor desde que Juan Villalonga accedió a la presidencia de la compañía en junio de 1996.

El secretario del comité intercentros de Telefónica, Eduardo Murillo (de UGT), criticó la política de Telefónica, alertó sobre la destrucción de empleo que se avecina y lamentó la falta de unión entre los sindicatos. Asimismo, anunció una nueva concentración para el próximo día 24 con ocasión de la junta general extraordinaria de accionistas que deberá aprobar las medidas aprobadas para blindar el Consejo de Administración contra decisiones e incorporaciones no deseadas por sus actuales miembros.

La junta deberá aprobar el endurecimiento de las medidas para acceder al consejo (será necesario mantener un mínimo de acciones durante los tres años anteriores a la incorporación) y a los cargos de presidente, vicepresidente o consejero delegado, para los que se exigirá la permanencia en el consejo durante los tres años anteriores al nombramiento para el cargo. Los sindicatos han expresado también su rechazo a estas medidas, "porque sólo persiguen perpetuar la gestión de Villalonga y su equipo".