El fiscal investiga el perdón de la deuda tributaria a los clubes de golf

lona [EN] La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto diligencias para investigar la existencia de un supuesto acuerdo entre la Junta de Aguas, dependiente de la Generalitat, y la Federación Catalana de Golf para que los propietarios de los campos paguen únicamente una sexta parte del canon de infraestructuras hidráulicas. La investigación ha sido asumida por el fiscal jefe, José María Mena, después de que la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc) denunciase los hechos.

El importe total de ese canon entre los años 1991 y 1996 se situaba en 120 millones de pesetas, pero en aplicación de ese pacto no escrito se redujo la cantidad a 20 millones. La Junta de Aguas siempre ha negado ese acuerdo con los campos de golf, aunque ha reconocido que la federación catalana le pidió un trato específico. Sin embargo, tras la publicación en la prensa del acuerdo (véase EL PAÍS de 19 de abril), el caso llegó al Parlament y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, anunció el 29 de abril que se realizarían cambios en la ley para que dejase de ser ambigua y no amparase a los clubes de golf para que dejen de pagar el canon hidráulico. En ese debate, el consejero de Política Territorial, Pere Macias, explicó que se habían cursado requerimientos a 20 campos de golf porque se negaban a pagar, que otros 13 estaban al corriente de pago y que 9 más estaban exentos legalmente. Supuesto fraude Fuentes judiciales consideran que si las diligencias abiertas confirmasen los hechos denunciados, éstos podrían constituir un delito de fraude. El derogado Código Penal, que es el que se debería aplicar porque los hechos se cometieron cuando estaba en vigor, castigaba en su artículo 400 con penas de entre seis meses y seis años de prisión al "funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en alguna comisión de suministros, contratas, ajustes o liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertase con los interesados o especuladores, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, provincia o municipio". La dificultad de la investigación de la fiscalía estriba en aclarar y demostrar si realmente existió ese concierto entre los funcionarios adscritos a la Junta de Aguas y los intereses particulares de los propietarios de los campos de golf. El Código Penal vigente desde junio de 1996 castiga esa conducta con penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación de seis a diez años. Los propietarios de los campos de golf aseguran que su actividad es idéntica a la de los agricultores y que, por ello, no ha de estar gravado el consumo. En la comparecencia de la Confavc en la fiscalía se aportó documentación que acredita el acuerdo tácito para rebajar el recibo del agua. Una de las cartas, de fecha 5 de junio de 1997, está escrita por Carlos Rosal, en nombre de la Federación Catalana de Golf, y va dirigida al presidente del campo de golf de Sant Cugat del Vallès. En ella revela que hubo una entrevista con el consejero de Política Territorial de aquella época, Artur Mas -hoy titular de Economía-, y que "se ha confirmado el convenio de liquidación del canon de infraestructuras hidráulicas y acuerdos para el futuro (...), que representa pagar una sexta parte de lo que la Junta de Aguas pretendía".