El fiscal dice que la Iglesia usó una ley inconstitucional al inscribir la ermita de Alzira

Los recientes pasos dados por el fiscal y el juez en relación con la disputa por la titularidad de la ermita del Lluch de Alzira, que enfrenta al Arzobispado de Valencia y el Ayuntamiento, permiten ser "optimista" sobre la resolución del conflicto, según el alcalde, Alfredo Garés. El fiscal se pronunció recientemente sobre la "inconstitucionalidad" del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1944 que utilizó el Arzobispado para inscribir al santuario. Este artículo dio el mismo derecho a la Iglesia, el Estado o los municipios a inscribir bienes de dominio público con una certificación dada por un funcionario en caso de no tener el título de propiedad. Según el fiscal, este artículo choca con la libertad religiosa consagrada por la Constitución y el principio de igualdad ante la ley. Por ello, planteó al juez que el Tribunal Constitucional debía pronunciarse al respecto. Sin embargo, el juez encargado del caso cree que no es necesario y considera que tiene "suficientes elementos de juicio para decidir sobre la nulidad del título en sí". El Ayuntamiento de Alzira afirma que esta postura invita al optimismo y espera que el juez falle a su favor.