Entre lo público y lo privado
Una autogestión que dura 23 años finalizará a finales de este año, cuando el hotel Campomar de Guardamar del Segura, propiedad de los sindicatos agrarios, sea alquilado a una empresa privada. La fórmula del arrendamiento a largo plazo es la elegida por la comisión gestora -integrada por las asociaciones sindicales UPA, Asaja y COAG y el Ministerio de Agricultura- para rentabilizar el establecimiento, cuya gestión jamás ha generado beneficios. El hotel Campomar, situado en primera línea de playa, era conocido en el pueblo como Tío Chus. Cambió de nombre al ser adquirido por la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos en 1975. Cuando ésta dejó de existir, pasó a manos de la Confederación de Cámaras Agrarias (Conca). Al extinguirse este organismo, se configuró la actual comisión, que hace las funciones de consejo de administración. En el establecimiento, con 500 habitaciones dobles, trabajan 63 empleados fijos y 40 discontínuos. El balance anual siempre ha arrojado un saldo negativo. Las pérdidas eran sufragadas por el ministerio hasta que, en 1997, éste dijo basta. La razón para ello fue, según José María Ramos, secretario de la Conca y representante ministerial en la comisión, la desaparición del Instituto de Fomento del Asociacionismo Agrario, lo que añadió dificultades burocráticas a las presupuestarias. Los representantes sindicales y ministeriales en la comisión gestora se reunieron para discutir el futuro del hotel. El objetivo era conseguir que éste fuera capaz de generar beneficios, algo necesario para su supervivencia al acabar el tutelaje de Agricultura. Se adoptó una fórmula mixta para evitar la privatización total. Voces de alarma surgieron en el comité de empresa cuando se supo de las negociaciones que se llevaban a cabo en Madrid, donde desarrolla sus actividades la comisión gestora. Se habló de la venta del hotel, una opción que ahora, con varias empresas interesadas en el alquiler, "está totalmente descartada", aseguran tanto Ramos como el representante de UPA, José Luis Martín. Ambos llaman a la tranquilidad. Ramos señala que el alquiler del hotel se discute "sin prisas" y bajo la condición de que se aplique un plan de inversiones y se mantenga la plantilla. "Nadie va a perder su empleo", tranquiliza Ramos. Los trabajadores del Campomar, temen, sin embargo, que esas condiciones no se cumplan. En un comunicado, han acusado a los sindicatos -los llaman "búnquer sindical agrario"- de dejar en manos privadas su patrimonio acumulado. "El hotel no es formalmente patrimonio acumulado, aunque se trate como tal, pero los trabajadores deben saber que somos conscientes de que no estamos vendiendo una camisa", rebate Ramos. Fuentes del comité de empresa aseguran que "una buena gestión" sería posible con medidas como un aumento de los precios en época estival y una mejor captación de clientes. "Es difícil rentabilizar un hotel cuando la habitación doble cuesta 3.000 pesetas en verano y 2.000 el resto del año", señalan los trabajadores. A esto se suma que todos los agricultores afiliados a los sindicatos y los trabajadores ministeriales disfrutan de descuentos.
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