La acusación pide la inhabilitación de un edil del PP por prevaricación
El ministerio público y la acusación particular solicitaron ayer, durante el juicio que quedó visto para sentencia en la Audiencia de Valencia, una pena de nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público para el alcalde de Benaguasil (Camp de Túria), Joaquín Herráez (PP). Las dos partes consideran al primer edil culpable de un delito de prevaricación, ya que contrató a 13 trabajadores en el Ayuntamiento sin realizar ninguno de los procedimientos de selección que exige la ley y a pesar de que los tribunales anularon la mayor parte de las altas laborales, realizadas entre junio de 1992 y diciembre de 1996, por fraude en la contratación. El alcalde de Benaguasil negó los hechos. Aseguró que las contrataciones, en la mayor parte de los casos, fueron realizadas tras la preceptiva reunión de una comisión y previa demanda al Instituto Nacional de Empleo de una lista de solicitantes de trabajo de Benaguasil. En otros, el edil popular reconoció que las contrataciones se basaron en la situación socioeconómica de los beneficiados, casi siempre cabezas de familia sin fuente de ingresos alguna. Su abogado defensor justificó la continuidad de la práctica pese a las reiteradas sentencias en contra porque los fallos judiciales no eran firmes en ese momento.
