Alcázar acusa a dos ex directivos de apropiarse de 600 millones

La Caixa de Balears, Sa Nostra, principal accionista y responsable de la gestión de Inmobiliaria Alcázar, confirmó ayer que el Juzgado número 33 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal contra Juan Piguillem y Juan Llorens, ex presidente y antiguo director general de la entidad, respectivamente, que fueron destituidos y despedidos en mayo de 1996.Alcázar atribuye a los cesados un enriquecimiento irregular de 600 millones de pesetas a costa de la sociedad, en operaciones realizadas a través de sociedades bajo su control que actuaban de pantalla en paraísos fiscales, y con las que se causó ese supuesto perjuicio de 600 millones.

Alcázar, participada también por Caja Cantabria, Unicaja, la francesa Lyonnaise des Eaux y Javier Camp, ha estudiado durante un año y medio la trama societaria vinculada a los despedidos, antes de iniciar ante los tribunales una acción penal.

En una OPA sobre la firma filial de Alcázar, Geinsa, las sociedades pantallas Brookstream, Monrovia y Greemvine, radicadas en paraísos fiscales, ganaron 600 millones en un solo día. Alcázar atribuye a sus ex gestores el control sobre esta firmas y el haber obrado en beneficio propio y en contra de la sociedad.

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