El Parlamento aprueba una ley que garantiza el "mínimo para la supervivencia"
El Parlamento vasco aprobó ayer con los votos de PNV, PSE, EA y el PP la ley de Exclusión Social, una norma que institucionaliza la ayuda económica a los más necesitados de Euskadi. Herri Batasuna e IU la rechazaron por entender que sólo trata de "paliar" la pobreza y responde a criterios de "caridad" y no de justicia social. UA se abstuvo. Con esta ley, el Gobierno vasco cierra su red de protección social, al recoger en un texto legal el Plan Extraordinario de Lucha contra la Pobreza, que puso en marcha en 1989. Los instrumentos con que cuenta la ley para facilitar la inserción y prevenir la exclusión son el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), las Ayudas de Emergencia Social (AES) y los convenios de inserción. El Ejecutivo, además de "garantizar mínimos para la supervivencia", como apuntaron los portavoces del tripartito en el pleno de la Cámara, introduce la figura de los convenios de inserción. Estos convenios, que tendrán que ser pactados por las administraciones y el beneficiario de la ayuda, son unos documentos en los que se recogen las acciones específicas necesarias para la incorporación social y laboral de las persona. Así, aunque la ley consolida las prestaciones económicas, pone más énfasis en las medidas para lograr la inserción a través, sobre todo, de la formación laboral. Los partidos del tripartito reconocieron que la ley "no va a ser una panacea milagrosa" que erradique por sí misma la marginación de Euskadi. Por eso, el consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Francisco Egea, apostó por complementar la norma con "políticas audaces de creación de empleo o de promoción de vivienda social".
