Chile y Perú aceleran patrullajes en la frontera tras días de tensión y migrantes varados

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, se ha reunido este lunes por vídeoconferencia con su homólogo peruano, Hugo de Zela, donde acordaron avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundizar el intercambio de información, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa, mejorar la gestión y las ayudas policiales en zonas de interés común. La primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria llega tras unos días de tensión en la frontera. El presidente peruano José Jerí convocó de urgencia el pasado viernes a un Consejo de Ministros y declaró a la región Tacna en estado de emergencia por 60 días. Envió, además, a un significativo contingente de militares para resguardar la frontera con Arica, Chile.

La militarización de la frontera peruana provocó que un centenar de inmigrantes en situación irregular, la mayoría venezolanos, quedaran varados el pasado jueves en la zona norte chilena. Esa cifra ha ido disminuyendo en los últimos días, sin embargo, a la hora de comer de este lunes, se concentraron unos 70 migrantes irregulares que intentaron burlar, sin éxito, a los agentes peruanos. Por la tarde, la cifra se redujo a una veintena, según medios chilenos.

Ante la tensión en la frontera, el comité binacional, que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios de ambos países, considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas. También establecerán metodologías de verificación migratoria, junto con “garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios”. Ambos países volverán a reunirse el 19 de diciembre para hacer un seguimiento a la situación.

El ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, ha dicho que se está registrando “un flujo de egresos normal” y que el problema principal se ha debido a “algunas exigencias” que se han puesto desde Perú. El diputado de la zona norte en cuestión, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, oficialista, dijo en Mesa Central que desde hace dos años que salen de Chile por la frontera con Perú entre 30 a 50 personas diarias de manera irregular. “La principal razón es que Chile dejó de ser conveniente porque el costo de la vida está muy alto”, explicó.

Las imágenes de familias a la deriva encendieron las alarmas diplomáticas en ambos países. “En Perú hay más facilidades para tener empleo. Acá no nos apoyan como tal”, se quejó un joven venezolano ante las cámaras de televisión. Después de Colombia, Perú es el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos en Latinoamérica, con 1,6 millones de personas, mientras que en Chile se estima que son casi 700.000. Si en el país de César Vallejo, los venezolanos representan el 87% de la población migrante, en el país de Pablo Neruda son el 38%.

A dos semanas de la segunda vuelta que decidirá al nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast ha jugado una de sus cartas más arriesgadas: prometer, en plena Línea de la Concordia, el punto limítrofe entre Perú y Chile, expulsiones masivas de migrantes irregulares. A los 336.000 sin papeles que residen en Chile les advirtió que tenían hasta marzo de 2026 -cuando, de ganar las elecciones, como indican las encuestas, asumirá la presidencia- para salir voluntariamente del país y, si no lo hacen, serán detenidos y expulsados “con lo puesto”. Kast ha enfocado su tercer intento por llegar a La Moneda en seguridad, economía y control migratorio, comprometiéndose a aplicar “mano dura”.

Cinco excancilleres chilenos de gobiernos de centroizquierda e izquierda firmaron una carta en la que criticaron las propuestas del republicano para enfrentar la crisis migratoria. “Carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”, apuntaron. “Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos”, añadieron.

El presidente peruano, consultado el viernes pasado sobre la influencia de las promesas de Kast en la militarización de la frontera, respondió que era una medida que debían haber hecho hace mucho tiempo. “Cuidar nuestras fronteras e imponer un principio de autoridad. Declaraciones de cualquier tipo son circunstanciales”, apuntó. El canciller Hugo de Zela añadió que el republicano “no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del gobierno de Chile”. José Koechlin, especialista en temas migratorios, señala que, aunque Kast busca capitalizar el malestar de la sociedad chilena, es “bastante complejo que pueda materializarlo en el caso hipotético que acceda al poder, porque se necesitan demasiadas condiciones logísticas para expulsar a una población tan significativa”.

Los especialistas coinciden en que la penetración en el Perú ha sido mayor porque, además de la política de puertas abiertas que impulsó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski —y que acabó saliéndose de control— hace casi una década, existe una alta informalidad. Siete de cada 10 peruanos se gana la vida diariamente al margen de la ley y sin acceder a beneficios laborales. Los empleadores suelen aprovechar esa línea gris para subcontratar a extranjeros a bajo costo, aprovechándose de quienes tienen problemas con sus papeles. En Chile, por el contrario, la tasa de empleo informal está por debajo del 30%.

El catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya subraya que no debe olvidarse del debate público que, más allá de militarizar las fronteras, se debe diseñar un plan humanitario para admitir casos de extrema vulnerabilidad como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, pacientes oncológicos, entre otros. “El Perú tiene todo el derecho de proteger sus límites de delincuentes potenciales, pero no puede desentenderse de los más vulnerables”, dice.

Durante décadas, la economía del sur peruano ha dependido del intercambio comercial con Chile. Según la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, antes de la pandemia alrededor de 25.000 turistas chilenos cruzaban la frontera cada fin de semana en busca de un buen restaurante, ropa o entretenimiento. Ahora apenas alcanzan los 10.000. “Un cierre de fronteras indiscriminado afectaría a la diáspora venezolana, pero también a la economía del Perú”, remarca José Koechlin.

El general Luis Olivero Chumpitaz, exjefe policial de la región Tacna y quien dirigió la división policial que brinda seguridad a todas las fronteras del Perú entre 2023 y 204, reconoce que recién desde hace dos años los agentes cuentan con vehículos modernos y tecnología para patrullar la zona. Con la declaratoria del estado de emergencia, el monitoreo será constante. “El terreno es agreste e inaccesible y contábamos con recursos mínimos. Pero trabajábamos en conjunto con el departamento de Migraciones e incluso con la Policía chilena. Ese nivel de coordinación debe recuperarse”.