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Tribuna:

El Estado de derecho y la serpiente del Edén

Aunque el maligno debe al disfraz de serpiente el primero de sus grandes éxitos históricos, no parece probable que en el mundo de hoy le resultara tan eficaz como en los verdes campos del Edén; al menos frente a las serpientes, los hijos de Eva no tenemos ya la ingenuidad de nuestra primera madre. Desgraciadamente, sin embargo, también el diablo ha aprendido mucho de entonces acá. La construcción de su engaño sigue siendo la misma, la de ofrecernos una fruta maravillosa con la que adquiriremos el conocimiento perfecto del bien y del mal, pero ya no ofrece manzanas, sino ideales y sobre todo no se nos presenta como un animal que se arrastra sobre su vientre y come tierra, aunque, contra lo que se dice en el Génesis, no creo que ésta haya sido nunca el alimento favorito de las serpientes. En lugar de esa apariencia repugnante, ahora suele adoptar la de noble paladín del ideal que nos propone. Con ella logra que, guiados por él, en el esfuerzo por realizarlo consigamos destruirlo, arrasando de paso otros bienes no menos importantes. Lo hace continuamente, de muchas maneras distintas y con muy diversos ideales. Entre ellos, el del Estado de derecho.Un elevado ideal, construido sobre una idea poco clara. Al amparo de su ambigüedad, consiguió ya nuestro enemigo que muchos hombres cayeran en la ilusión de creer que es posible la libertad sin democracia, que la libertad civil y la política son cosas distintas y en ocasiones hasta contradictorias. Una ilusión que tiene manifestaciones muy vivas para algunos quizá insospechadas, pero de la que no quisiera ocuparme ahora. Con la seducción de ese ideal ha conseguido también convertir el Derecho en medida de todas las cosas, en regla única de lo bueno y de lo malo; propagar la falsa especie de que presunción de inocencia es tanto como honorabilidad. Cobijados en ella, muchos individuos perfectamente indecentes pretenden ser tenidos por honrados porque no se les ha considerado culpables de delito alguno y, lo que es peor, muchos hombres honrados caen en la trampa de aceptar esa pretensión como una exigencia ineludible del Estado de derecho y se sienten desorientados. Pero aparte de emplearlo con efecto devastador en otros ámbitos de la vida social, el diablo utiliza el entusiasmo por perfeccionar el Estado de derecho, precisamente para desacreditarlo y destruirlo.

Una de sus tretas más perniciosas es la de inducir a pensar que la eficacia del Derecho para operar sobre la realidad no conoce límites y que, en consecuencia, basta con consagrar, en la Constitución o en la ley, un derecho a algo, para que todos los miembros de la sociedad lo tengan efectivamente, aunque los bienes que se ofrecen sean incompatibles entre sí o muy difícilmente conciliables. En algunos casos, la contradicción entre los bienes que se nos ofrecen como derechos es muy evidente; por ejemplo, la que se da entre libertad de empresa y economía de mercado, de una parte, y una vivienda suficiente o un puesto de trabajo, de la otra. En otros casos, la incompatibilidad entre los bienes simultáneamente ofrecidos es menos aparente, pero por eso mucho más grave. Aunque los padres de la Constitución Española, a diferencia de los constituyentes de algunos países suramericanos e incluso europeos, han sorteado casi siempre esta trampa, lo hicieron en no pocos casos valiéndose de textos ambiguos, susceptibles de lecturas erróneas o malintencionadas. A partir de esas interpretaciones, algunas de las carencias más dolorosas de nuestra sociedad, como el paro o la carestía de las viviendas, se transforman en simples violaciones de la Constitución, y reducida ésta a la triste condición de papel mojado, el Estado de derecho queda sin base y amenazado de ruina en cuanto el viento de la historia sople con fuerza. Porque la idea del Estado de derecho significa, naturalmente, la sujeción de aquél a éste, pero no dice nada acerca de qué es el Derecho, dónde hay que buscarlo o quién lo establece. Esta grieta de la idea es justamente la que el mal utiliza de preferencia para introducirse en ella y destruirla, llevando al absurdo los intentos de realizarla.

Durante mucho tiempo, en Europa se creyó que el Derecho era la ley. Primero, porque ésta era obra de los representantes del pueblo; después, cuestionado ya ese origen, porque la ley era norma general y abstracta que a todos trataba por igual; al final, sólo porque se llamaba así, sólo por ser ley. Una razón ya muy débil que entre nosotros todavía se utilizó en el franquismo, pero cuya vaciedad se había denunciado mucho antes en otras partes. Especialmente, para decirlo todo, a partir del momento en el que se hizo patente que mediante la ley era posible introducir cambios muy radicales en la sociedad. El destronamiento de la ley no llevó, sin embargo, a renunciar al Estado de derecho, sino sólo a la forma que hasta entonces se había tenido por necesaria. Se dejó caer lo que los manuales llaman Estado «formal» o «legal» de derecho, en la esperanza de sustituirlo por un Estado en el que éste no quede reducido a mera forma; en el que se preserve su materia, asegurada ya no por la ley, sino por la Constitución. Sucede, no obstante, que la lengua de las constituciones no es la de las leyes; han de escribirse, por necesidad, apelando a términos muy generales e inevitablemente imprecisos, haciendo uso de fórmulas lapidarias que atienden más a la eficacia política que a la precisión jurídica. Para hacerlos aplicables a la realidad cotidiana, los enunciados constitucionales han de ser concretados, y como esta labor no puede quedar ya en manos del legislador, al menos no exclusivamente y en último término, ha de asumirla el juez. Del Estado legal de derecho hemos pasado al Estado judicial, y es dentro de éste y contra él en donde ahora tiene lugar la obra diabólica de destrucción.

Hay tantas muestras de su insidiosa eficacia que resulta imposible pasar revista a todas. Ni siquiera seleccionar las más importantes, que es cosa siempre discutible y necesitada en todo caso de mucho estudio previo. En todas se utiliza, sin embargo, la misma palanca para derrumbar el edificio: si la sujeción del Estado al derecho significa realmente sólo su sujeción al juez, es equivocada o perversa cualquier idea que dificulte el acceso de los ciudadanos a los tribunales, o que limite la libertad de éstos o incluso que se empeñe en considerarlos parte del mismo Estado frente al que nos han de proteger.

Con el empleo de esta palanca se ha avanzado ya algo en la destrucción del Tribunal Constitucional. Como éste se encuentra desde hace tiempo en la manifiesta imposibilidad de resolver cada año los recursos que dentro del año se plantean y en el curso del que ahora vivimos ha dictado ya (creo que por primera vez, pero no estoy seguro de que así sea) una sentencia que pone fin a un asunto iniciado hace más de diez años, no sólo se discute cualquier intento para dotarlo de la posibilidad de rechazar sin discusión y sin trámite todo lo que no considere importante, sino que se está en camino de agravar su situación, echando sobre él la tarea de proteger la autonomía municipal frente a los eventuales desmanes de uno u otro de los dieciocho cuerpos legisladores que alegran nuestras vidas. Una amenaza cuya inminencia y cuya gravedad ignoro, pero que podría ser prevenida seguramente por otras vías y que, en todo caso, no es ni más inminente ni más grave que la de la muerte por sobredosis del Tribunal Constitucional.

Pero al fin, también éste es prescindible. La jurisdicción constitucional es, como se ha dicho, la coronación del Estado de derecho, pero no un componente necesario de su existencia, ni siquiera en su versión judicial. El peligro más grave es el que viene de la progresiva destrucción de la jurisdicción ordinaria, si no en la realidad, al menos en la imagen que los ciudadanos tienen de ella. Una destrucción que avanza por muchos frentes. En el de los ciudadanos, porque, con el incremento de lo que esperan de un poder en el que ven, según parece, la garantía última de la democracia, crece también su sentimiento de frustración cuando no reciben lo que imaginaban. Seguramente no es la modificación de las expectativas la causa única del aumento de la litigiosidad, ni siquiera la más importante. Pero también es razonable pensar que esa modificación les hace más insoportables los defectos de la justicia y en especial sus demoras. Más grave aún, porque de más difícil remedio, es la frustración que en nuestros conciudadanos suscitan decisiones apoyadas simplemente en la ley, a la que, según se les ha inducido a pensar, los jueces sólo están sujetos cuando no chocan con la justicia. Como las ideas que cada cual tiene acerca de ésta no coinciden necesariamente con las del legislador, la crítica de las decisiones judiciales (tan criticables, según la repetida frase, como las de cualquier otro poder) se hace frecuentemente como si se tratase de decisiones libres y se imputa sólo al juez lo que se tiene por injusto.

Sería erróneo, sin embargo, culpar de esta situación sólo a los medios que configuran la opinión de los ciudadanos. Otro frente por el que la destrucción avanza es el de los propios jueces. Aun prescindiendo del caso aberrante de los jueces que utilizan su presencia en los medios de comunicación para ensañarse en la crítica de decisiones ajenas, la actitud de los ciudadanos está determinada en buena parte por la de los propios jueces, que en más de una ocasión se definen a sí mismos como un poder intermedio entre el Estado y la sociedad y legitimados sólo, en consecuencia, por su servicio al Derecho. Un viejo principio que se tambalea, sin embargo, cuando el Derecho al que sirven es también el Derecho que ellos crean. Pero de esto, aunque se ha escrito mucho, queda aún mucho por decir y no hay paciencia ni espacio para hacerlo ahora. Todavía queda por explorar el tercer frente, el de la política o quizá mejor el de los políticos. El lector me excusará, y muy probablemente me agradecerá, si me limito a exponerlo mediante un ejemplo que quizá no sea del todo correcto, pues no he seguido con la atención que tal vez debía el reciente debate sobre el estado de la nación con el que se ha abierto la Feria de San Isidro. Por lo oído y leído, tengo la impresión de que, aunque coincidiendo con su desarrollo se publicaba una encuesta muy poco satisfactoria para el estado de nuestra justicia, quienes han tomado parte en él no han considerado necesario dedicar a ésta ni una sola reflexión. Pero tal vez el olvido no haya existido o, si existió, sea explicable. Nunca he sabido si en esta funesta traslación de la práctica americana, lo que se debe escribir con mayúscula es el Estado o la Nación. Si es esto último, se entiende que no hablen de la justicia quienes no la consideran parte del Estado, pero si no está en él, ¿dónde demonios está? Quizá, como temo, en manos del demonio.

Francisco Rubio LLorente es catedrático de Derecho Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de mayo de 1998