La ley que prohíbe traspasar La Rambla

"No conozco ningún pleito de un gitano contra otro en los tribunales ordinarios, mientras que son numerosos los de personas gitanas contra payas y viceversa". Las causas de este curioso fenómeno, a juicio del abogado de Barcelona Eduardo Ruiz, cuyo despacho representa a la Unión Romaní, residen en la estricta aplicación de la ley gitana entre ciudadanos de esa etnia. Ruiz acompañó a Juan de Dios Ramírez Heredia, miembro de la comisión Racismo y Xenofobia de la Unión Europea, en una sesión sobre la ley gitana, analizada como forma de resolución alternativa de conflictos en el Colegio de Abogados de Barcelona. La ley gitana tiene su fundamento en el respeto a los criterios arbitrales y mediadores de los "hombres de respeto". Ellos imparten justicia, hacen de mediadores y aconsejan sobre las "ofensas". Ramírez Heredia asegura que la firmeza de su criterio ejecutivo reside en dos pilares: el prestigio del mediador y "la fuerza de las pistolas y cuchillos que puede tener detrás". Una de las soluciones impuestas en Barcelona para resolver conflictos entre familias enfrentadas ha sido tradicionalmente la ubicación de unas y otras a la derecha y a la izquierda de La Rambla durante un cierto periodo de tiempo. Ramírez de Heredia afirmó: "La Rambla es todavía el eje tradicional de la separación territorial impuesta entre familias. Ellos saben lo que les puede pasar en caso de transgredir esa frontera". La calificación jurídica de las ofensas entre personas gitanas, según su costumbre, descansa en la idea de la culpabilidad objetiva, no en la intención. En las ofensas menos graves se tiene en cuenta la repercusión social de lo sucedido. Cuantos más miembros del pueblo están implicados, mayor gravedad se concede al hecho punible. La fidelidad a la palabra es otro de sus principios jurídicos consuetudinarios. La idea de venganza y su justificación por el pueblo perviven todavía con gran fuerza. Evolución La ley gitana está considerada de aplicación a unos 12,5 millones de ciudadanos. De ellos, 10 millones residen en Europa. Se trata de un conjunto de normas no escritas, una de las principales manifestaciones culturales de un pueblo con un índice de analfabetismo del 50%. El kris es su tribunal de justicia y el krisipen su código penal. Ramírez de Heredia defendió la evolución de la ley gitana más allá de fundamentalismos y afirmó que es condición para su aplicación que los afectados la acepten previamente. "Sólo desde la marginalidad se puede entender la pervivencia de esta ley. El pueblo no confía en otras leyes que no conoce y que dimanan de quien consideran sus represores".