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El PSC culpa a García-Valdecasas del mal trato que la policía da a los "okupas"

Joan Ferran, portavoz del PSC en la comisión de política social del Parlament, cargó ayer con inusitada dureza contra Julia García-Valdecasas, delegada del Gobierno el Cataluña. Lo hizo a propósito del debate de una proposición no de ley para reprobar la dura actuación policial en los desalojos de los okupas. Ferran dijo que en un Estado democrático la policía no actúa por impulsos propios, sino bajo la directriz de los políticos. "Y la responsable de las fuerzas de seguridad el Estado es Julia García-Valdecasas", sentenció.

La comisión de política social del Parlament debatía ayer tres proposiciones no del ley sobre los okupas. Dos de ellas -una de CiU y otra del PSC- se saldaron con inconcretas declaraciones de buenas intenciones. La proposición presentada por ERC, IC y el Grupo Mixto pedía a la Cámara un imposible, dada la aritmética electoral: que reprobara la actuación de la policía en la represión de los okupas. Allí fue Troya. Ferran, pertrechado con abundante documentación, achacó a García-Valdecasas la criminalización del movimiento okupa. Para ello recordó unas declaraciones públicas de la delegada, que en su día dijo de este movimiento: "Estamos ante un colectivo organizado y revolucionario tal como lo prueban los gritos de "Gora ETA". Ferran, que se preocupó de dejar claro que sus invectivas no iban contra la policía, sino contra quienes la dirigen y le fijan objetivos, acusó a García-Valdecasas de actuar sin criterio y de intentar culpar a los ayuntamientos, "en concreto al de L"Hospitalet". Ya lanzado, empezó a sacar papeles y documentos en los que basaba sus duras acusaciones contra la delegada. Ferran exhibió una carta que García-Valdecasas envió a Celestino Corbacho, alcalde socialista de L"Hospitalet, el pasado 9 de febrero con motivo del desalojo policial de La Vakería, uno de los centros históricos de los okupas, en L"Hospitalet. En la carta, la política del PP hablaba de intermediación y búsqueda de soluciones "dentro de las competencias de vivienda, educación, cultura, asuntos sociales y juventud que corresponden al Ayuntamiento para ofrecer alternativas que ayuden a los jóvenes (...) a la hora de encontrar vivienda, trabajo o un lugar para realizar sus actividades culturales". A vuelta de correo, Celestino Corbacho respondió este párrafo con estas duras palabras: "Es del todo tolerable que nos pidan [a los ayuntamientos] actuaciones en todas las materias y problemas que afectan a los ciudadanos, pero [usted] no tiene ninguna excusa para desconocer que la Generalitat y el Estado son los órganos competentes en esta materia [el trabajo y la vivienda]". La carta de García-Valdecasas a Corbacho continuaba expresando su "extrañeza" porque mientras se pregunta por personas "detenidas por su actitud agresiva en manifestaciones", poca gente se interesa por los perjudicados por los "destrozos en comercios, establecimientos y entidades bancarias". García-Valdecasas acababa la misiva con una declaración de principios: "Creo que la preocupación por los problemas de los jóvenes no ha de limitarse a las minorías que usan la fuerza o utilizan posturas coactivas, ya que otros sectores juveniles mantienen actitudes solidarias o socialmente comprometidas sin tanta atención institucional, social o mediática". Estas cargas de profundidad contra García-Valdecasas sirvieron a Ferran para que el voto de su partido a la reprobación de la policía pasara desapercibido: el PSC se alineó con CiU y el PP y votó en contra de la proposición. A favor de la reprobación votaron ERC, IC y el Grupo Mixto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de mayo de 1998

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