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" El solar del Canal de Isabel II en la plaza de Castilla albergará un nuevo rascacielos

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado ya su visto bueno a una ambiciosa operación urbanística en el solar que el Canal de Isabel II posee en la plaza de Castilla para conseguir unas plusvalías multimillonarias (superiores a 8.000 millones de pesetas) mediante una recalificación de suelo público que permitirá la construcción de un rascacielos de oficinas.El Consejo de Administración del Canal de Isabel II, propietario de la finca con la que el Gobierno regional quiere hacer negocio, dará su necesario visto bueno a este plan en una reunión que mantendrá dentro de algunos días, según aseguró ayer un portavoz de este organismo a EL PAÍS. El pelotazo urbanístico (de un terreno con un valor de mercado escaso saldrán más de 8.000 millones de pesetas gracias al lápiz de las recalificaciones) ha sido planificado por el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, y será posible gracias a la venta de una pequeña parte de la finca del Canal de Isabel II para levantar una torre de oficinas con una edificabilidad de 60.000 metros cuadrados, similar a la que tiene cada una de las torres KIO (27 plantas).

Cortés ya ha encontrado un comprador para el suelo lucrativo de la plaza de Castilla. Se trata de la compañía Repsol, que ahora tiene su sede en un edificio del paseo de la Castellana alquilado hasta el año 2001. La compañía petrolífera ya ha decidido cambiar de sede y construirse una propia.

El consejero de Hacienda y presidente del Canal de Isabel II, Antonio Beteta, puso hace quince días algunos reparos a esta solución urbanística proyectada sobre terrenos bajo los que existen depósitos de agua.

Los inconvenientes planteados por Beteta se han solucionado, según señaló ayer Cortés a este periódico. "Nos hemos comprometido a garantizar la creación de un parque público sobre la parte del solar que ocupan los depósitos de agua. La ciudad ganará así un gran parque, que nos costará más de 1.000 millones de pesetas", explicó Cortés.

Además, el consejero de Obras Públicas también confirmó que tiene resuelto el problema de los antiguos propietarios de esos terrenos, que fueron expropiados en su día para un fin público (los depósitos de agua) y que ahora reclaman sus derechos, pues una parte del suelo se va a destinar a un uso lucrativo (una torre de oficinas). "Ya he llegado a un acuerdo con los reversionistas. La Comunidad les pagará 2.500 millones por sus derechos sobre esos terrenos", señaló.

Con una parte del beneficio conseguido con los terrenos, la Comunidad construirá un flamante Palacio de Justicia, según el compromiso de Ruiz-Gallardón de levantar en esa zona la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un gran parque público cubrirá los actuales depósitos de agua de la plaza de Castilla

Salvados los obstáculos jurídicos sobre la propiedad de los terrenos, Cortés tendrá que vencer la resistencia del Ayuntamiento de Madrid, encargado de aprobar el planeamiento en esa zona, que fue suspendido por la Comunidad de Madrid cuando se aprobó el nuevo Plan General.El Gobierno regional ya ha comunicado su idea al alcalde, José María Álvarez del Manzano. Pero aún no se ha sentado a negociar sobre planos el acuerdo urbanístico concreto que haga realidad el proyecto.

En el Ayuntamiento, la idea de Luis Eduardo Cortés ya se ha topado con opositores. El edil socialista José María de la Riva descalificó ayer el urbanismo del PP. "Cuando se ha proyectado la Operación Chamartín, que plantea la ampliación de la Castellana con usos terciarios y residenciales, la Comunidad mete un cuña en la Plaza de Castilla que estrangulará ese futuro ensanche de la capital. Y lo hace con un rascacielos en una zona suficientemente colmatada. Es una barbaridad", señala. El concejal socialista también rechaza la ubicación elegida para el Palacio de Justicia. "Sería mucho mejor levantar los edificios judiciales en los terrenos que se liberen con el desmantelamiento de la cárcel de Carabanchel. De paso, ese barrio ganaría dotaciones públicas, de las que está muy necesitado".

De la Riva se opone a la recalificación de unos terrenos públicos para conseguir plusvalías multimillonarias. "El PP hace ahora lo que rechazaba cuando estaba en la oposición. La construcción de un Palacio de Justicia tendría que financiarse con los presupuestos ordinarios y no con operaciones urbanísticas de este tipo", señala. Cuando el PP hizo la oposición al Gobierno del socialista Joaquín Leguina, descalificó la recalificación de terrenos en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas para financiar con las plusvalías conseguidas la construcción del trazado ferroviario a esos municipios.

El entonces diputado popular Ignacio del Río, hoy concejal de Urbanismo, denunció en un pleno que el PSOE fomentaba la tensión especulativa sobre esos terrenos con sus recalificaciones urbanísticas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de mayo de 1998

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