Mayo en la enseñanza

Mayo de 1998 nos remite a febrero de 1996. El efecto que causó entonces el denominado mapa escolar se actualiza ahora en forma de protestas, de reclamaciones, de necesidades. La comunidad escolar se opuso a un mapa escolar que no le proporcionaba en la red pública un puesto escolar con las condiciones de calidad y proximidad debidas. A pesar de las modificaciones introducidas para acallar tal oposición, durante más de dos daños se ha mantenido latente una desconfianza que los hechos han terminado por justificar. En estas últimas semanas la comunidad educativa sigue protestando por un modelo escolar que no comparte, reclamando centros prometidos y no construidos, expresando alto y claro sus necesidades: plazas escolares de tres años en todos los centros públicos, institutos en los barrios, en los pueblos. Pero si la desconfianza nació con la falta de compromiso para abordar con urgencia las carencias de infraestructuras escolares (nunca existió un plan de inversiones ni la menor voluntad de consensuarlo con los agentes educativos), se ha materializado en oposición por lo que sí se hace: ampliar los fondos públicos destinados a subvenciones y conciertos con centros privados, congelar (en el 96), reducir (en el 97) o mantener niveles de inversión del pasado (en el 98) en los presupuetos de educación, organizar un proceso de matrícula con un estricto criterio matemático (obtener un puesto escolar para cada alumno), obviando toda condición de calidad -calidad educativa y calidad de vida- y hacerlo con una nueva normativa que está resultando eficaz para que los centros seleccionen al alumnado y no para incrementar la capacidad de elección de centro por parte de las familias, como dice el Gobierno valenciano. En este contexto, la negociación de los asuntos de naturaleza laboral no ha conseguido mejores resultados. Baste constatar que, con la excepción del único acuerdo cerrado en 1996, con la mayoría de los sindicatos, para establecer las plantillas de los colegios de educación infantil y primaria, no se ha alcanzado ningún otro en los asuntos relativos a la puesta en marcha del nuevo sistema educativo. Por ejemplo, la enseñanza secundaria, salvo excepciones llamadas anticipación de la reforma educativa, sigue hoy con las plantillas de la ley de Educación de 1970 y con los criterios organizativos de 1992, a pesar de los reiterados requerimientos sindicales para adecuar, ahora ya con urgencia, este sector a las exigencias de la propia Logse. Hasta aquí la enumeración de los problemas. Conviene ahondar en su explicación y valorar sus consecuencias. Adelantamos que, a nuestro juicio, los valencianos nos estamos jugando el modelo educativo. La primera de nuestras razones es la falta de centros de enseñanza secundaria. Esta carencia, de carácter crónico en las mayores áreas urbanas, se ha agravado ahora por cuanto hay que escolarizar a todo el alumnado entre los 12 y los 16 años en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La falta de institutos se ha paliado durante los dos últimos cursos escolarizando el alumnado de 12 a 14 años (el primer ciclo) en los colegios de primaria. El coste educativo de esta medida es considerable: han faltado instalaciones y profesorado de determinadas especialidades -al menos en las áreas de tecnología y de conocimientos artísticos- y un diseño unitario y completo de toda la ESO. Diseño no es una palabra de moda: es determinar qué proceso educativo, qué contenidos y con qué metodología se trabaja. El diseño del primer ciclo lo tuvo que realizar profesorado que estaba adscrito a este tramo educativo de forma transitoria y sin perspectivas de continuidad. Algo así como un médico de urgencia que aplica los primeros remedios ante los primeros síntomas, pero que desconoce el tratamiento y la evolución que tendrán los pacientes. El curso que viene se mantendrá aún esta situación a pesar del optimismo del consejero Camps, puesto que, de los 30 nuevos institutos que anunció para el curso próximo, la mayoría son, en realidad, locales provisionales, viejos edificios escolares, municipales o parroquiales, convertidos en secciones de educación secundaria dependientes de otros institutos. Y pocos centros realmente nuevos. Además, si por una parte no se construyen nuevos aularios y por otra no se van los mayores a los institutos, la falta de voluntad política se suma a la falta de espacios y da como resultado que el 57% de los colegios no tengan aún las unidades de tres años. ¿Cómo no va a producir decepción y protesta tan parcas y magras realizaciones? La matrícula para tercer curso de ESO ha vuelto a poner en evidencia esta carencia y está resultando muy complicada para la Administración porque ha reducido la cuestión a pura matemática: para tantos alumnos se necesitan el mismo número de puestos en institutos, estén donde estén. Y además están los centros concertados. En el mapa escolar ya lo vimos. Lo que ahora no vemos son los institutos públicos. Y para que todo encaje está el nuevo decreto que regula la admisión de alumnos: no sólo no garantiza un puesto escolar en la red pública a quien lo solicite (desoyendo el dictamen del Consejo Escolar Valenciano), sino que permite la selección del alumnado por los centros mediante los criterios de baremación de las solicitudes de matrícula. Con estos elementos, la Administración organiza un matrícula ampliamente contestada por todo el mundo: estudiantes, padres y madres, sindicatos. Todos quieren un instituto cerca y además no entienden que tengan que ir más lejos para hacer la ESO que cuando se estudiaba BUP. Algunos no entendemos tampoco por qué un nuevo proceso de admisión para hacer tercero de ESO cuando la legislación lo evita expresamente para quien tenga que cambiar de centro al final del primer ciclo (en nuestro caso, no menos del 75% del alumnado). Tampoco entendemos por qué se incumple de nuevo la norma haciendo imposible la necesaria y prescrita coordinación docente entre quienes trabajamos con el alumnado en el primer ciclo de ESO, en los colegios, y los que lo recibimos para hacer el segundo, en los institutos. Se rompe el proyecto educativo y la unidad de la etapa, y se trunca la continuidad de los programas de enseñanza en valenciano. Las consecuencias de esta política educativa es una profunda asimetría entre la situación de la red pública, caracterizada por una continua tensión, y la oferta privada, favorecida por una legislación que, en manos de este Gobierno, ha resultado demasiado generosa para extender los conciertos educativos y aplicar la subvención con fondos públicos. No hay más centros concertados, hay más concertación, más subvención. Demasiado claro para no ver que se está cumpliendo el anuncio del primer consejero de Educación del presidente Zaplana, Fernando Villalonga, cuando a los pocos días de haber tomado posesión de su cargo nos vino a decir que la enseñanza pública debe ser subsidiaria de la iniciativa privada. Vicent Esteve es miembro del STEPV-Intersindical Valenciana.