Espinosa, citado como imputado en un asunto de quiebra fraudulenta

El juzgado de instrucción número 11 de Valencia ha solicitado a la policía judicial que localice el paradero de Luis Espinosa Fernández, secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno, para notificarle que debe declarar "en calidad de imputado" por un presunto delito de quiebra fraudulenta en la empresa Robima SA. Espinosa, que figura en la relación pública de cargos del Estado, mostró ayer su sorpresa y, tras recordar su relación con Robima, reiteró que su actuación fue correcta.

Las diligencias ordenadas a la policía judicial se producen después de que el juzgado haya intentado, sin éxito, notificar a Espinosa su situación en su domicilio particular en Valencia y en la sede del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), órgano del que forma parte a propuesta del PP. Espinosa calificó de rocambolesco que un juzgado no le haya podido citar, ya que su localización como cargo público es perfectamente factible. Luis Espinosa insistió en que, de cualquier modo, su obligación es colaborar con la justicia. La citación como imputado de Luis Espinosa en el proceso penal abierto tras la existencia de dos sentencias que declaran civilmente fraudulenta la quiebra de Robima SA, se produce a petición de parte. La petición de imputación, aceptada por el juzgado, se formalizó después de que la parte perjudicada constatase que el secretario de la Agencia de Cooperación Internacional no figuraba en el escrito del fiscal, que solicitaba una pena de "siete años de prisión mayor" para cada uno de los responsables de la empresa y una indemnización para los acreedores cercana a los 48 millones de pesetas. La petición de imputación se basa en que Espinosa, como apoderado de Robima, realizó un reconocimiento de deuda a Julio Genovés y a Enrique Goda por importe de 42.278.512 pesetas el 23 de noviembre de 1989. El alto cargo gubernamental recalcó que "la juez puede aceptar la imputación para garantizar los derechos del citado" y reiteró que cuando le citen se informará. Luis Espinosa reiteró: "Ya quedó claro que mi actuación [en Robima] fue correcta". El escrito de la fiscalía señala que "la deuda [de 42 millones de pesetas] ni se correspondía con la realidad, ni aparece reflejada en los balances, ni era exigible, líquida y vencida y cuya única finalidad fue la adjudicación mencionada, en perjucio del resto de los acreedores legitimos de la empresa que cesó en el pago corriente de sus obligaciones ese mismo día". El mismo día del reconocimiento de la deuda Julio Genovés y Enrique Goda presentaron su dimisión como consejeros de Robima SA en otra escritura pública. Un día después, Genovés y Goda iniciaron el proceso para embargar los bienes muebles e inmuebles de Robima. El 12 de diciembre de ese mismo año, el consejo de administración de Robima, cuya presidenta y secretaria eran la cuñada y esposa, respectivamente, de Enrique Goda, cedió mediante escritura pública los bienes de la empresa a éste último y a Julio Genovés. En marzo de 1990 los dos empresarios vendieron los bienes de la empresa quedándose con el efectivo.