La oposición acepta investigar las obras de la Diputación de Alicante

Con argumentos repetidos hasta la saciedad por todos los partidos políticos durante las últimas semanas, la Diputación de Alicante aprobó ayer, por unanimidad, la creación de una comisión especial para investigar los expedientes administrativos de las obras contratadas o subvencionadas por la institución desde marzo de 1991 hasta ahora en los 141 municipios de la provincia. La propuesta del PP fue aceptada por la oposición, integrada por el PSPV y EU, tras un debate con menos tensión de la esperada, incluso tedioso en algunos tramos, que acabó con risas en todos los bancos.

La moción investigadora, planteada por vía de urgencia por el portavoz del PP César Augusto Asencio, mantiene una redacción algo ambigua, ya que no especifica cuántos de los 12.000 expedientes tramitados en esos años deben ser investigados; qué tipo de documentación se requerirá a los ayuntamientos para su revisión, ni qué uso se hará de las irregularidades que puedan detectarse. Eso, si los ayuntamientos acceden a colaborar, dado su derecho a imponer la autonomía municipal frente a un organismo del mismo rango administrativo. A los argumentos iniciales de los portavoces, siguió un intercambio en el que todos parecían defender lo mismo: la autonomía de los municipios, el trabajo de los técnicos o la transparencia en los trámites administrativos. Todos, también, señalaban al rival político como causante de la situación, que coloca bajo sospecha todas las contrataciones de obras y servicios ejecutadas por los ayuntamientos alicantinos. La génesis de la polémica, el caso Dolores, estuvo presente a lo largo de todo el debate. Para el PP, la solicitud del PSPV de revisar en la Diputación un expediente administrativo dirigido por el Ayuntamiento de esa localidad de la Vega Baja, es un ataque a la autonomía municipal. "Quien siembra vientos recoge tempestades", señaló Asencio antes de anunciar que se fiscalizará de forma general a los consistorios. "Y que cada palo aguante su vela", concluyó en su primera intervención. El portavoz socialista, Antonio Mira-Perceval, apeló al principio acusatorio que rige en el derecho español para solicitar que sólo se investiguen las contrataciones bajo sospecha, por irregulares administrativas o delictivas. Investigar con carácter general sería entrar en el terreno del "principio inquisitorial", dijo el portavoz del PSPV. Mira-Perceval acusó al PP de intentar desviar la atención para no esclarecer los casos denunciados -que los populares limitan al terreno de la "anécdota"-, centrados en una trama empresarial con sede en Orihuela y afín al PP que conseguiría contratos con relativa facilidad, y al oscurantismo que, en su opinión, define la gestión del diputado de Fomento, Pedro Barrios, también de Orihuela. El discurso más centrado de la sesión partió del portavoz de EU, Juan Bautista Poveda, quien, tras rechazar una fiscalización general de los municipios, apuntó que el objeto de investigación era tan amplio que sería inviable para la comisión especial. "Tengo mis dudas acerca del interés real por investigar de verdad", señaló Poveda, "y más bien creo que el PP intenta investigar en contra de un estado de opinión para empatar con los socialistas". La comisión se constituirá la próxima semana, y serán sus integrantes quienes decidan la metodología de trabajo, para la que no se fija plazo alguno.