El fiscal pide seis años al acusado de lanzar panfletos contra los jueces
La Audiencia de San Sebastián fijará la próxima semana la sala que deberá celebrar el juicio contra Iker Fernández de Bobadilla, acusado por el fiscal de lanzar panfletos con amenazas e insultos a jueces, partidos y un vocal del Consejo General del Poder Judicial. El representante del Ministerio Público solicita en su calificación provisional seis años de prisión y 270.000 pesetas de multa para el acusado como autor de un delito de atentado contra la autoridad. Fernández de Bobadilla y otras tres personas más que no han sido identificadas repartieron, según el fiscal, el pasado 18 de abril "con plena conciencia de su contenido" pasquines contra varios jueces de San Sebastián y Bilbao. En el informe provisional se dice que los panfletos vertían "en especial" amenazas contra la juez Belén Pérez Flecha, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián, los partidos PP y UA y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Emilio Olabarría. Términos más duros Los panfletos, que se lanzaron junto al Palacio de Justicia de la capital guipuzcoana, estaban escritos en euskera y castellano. El fiscal afirma que los textos eran diferentes y que en el primer idioma los términos que se empleaban eran "más duros". Entre las frases que destaca la Fiscalía se cita la siguiente: "Que anden con cuidado, pues ningún ataque contra Euskal Herria quedará sin respuesta y txakurrak kampora [perros fuera]". El fiscal acusa a Fernández de Bobadilla de un delito consumado de atentado contra miembros del poder judicial, por el que pide seis años de prisión. Si no se le condena por ese delito, solicita, subsidariamente, la condena por atentado contra la autoridad por amenazas a jueces por el que pide cuatro años y 150.000 pesetas de multa. El fiscal aplica la agravante de reincidencia, ya que el acusado fue condenado a cuatro años de prisión por incendio y estragos y colaboración con banda armada. La defensa reclama la libre absolución al considerar que su cliente no tiene ninguna relación con los hechos que se le acusan. Los panfletos con amenazas contra jueces, partidos y el vocal del CGPJ Emilio Olabarría fueron lanzados días después que el Sindicato de Abogados Euskaldunes iniciase una campaña reclamando que los juicios se celebren en euskera cuando el procesado lo demande. Algunos jueces han abierto expedientes disciplinarios a abogados que reclaman que el juez sepa la lengua que solicita el procesado y rechazan el sistema de traducción que se utiliza en los juzgados del País Vasco, dando lugar a la suspensión de los juicios. Precisamente, el jueves la ex dirigente de Herri Batasuna Itziar Aizpurua, acusada de injurias contra la Ertzaintza, se negó a firmar el acta de una declaración porque ésta no se encontraba redactada en euskera.
