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La oposición quiere multar a Ortega por ocultar datos al Parlamento y PSOE y PA, amonestarlo

Amonestación o sanción. La Comisión del Estatuto de los Diputados se dividió ayer entre estas dos opciones para dictaminar sobre la posible incompatibilidad del consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, que durante dos años simultaneó su puesto como secretario del Consejo de Administración de la Caja San Fernando con el de parlamentario y miembro del Gobierno andaluz. PSOE y PA propusieron que se le imponga una amonestación, en román paladino, un toque de atención, mientras que IU y PP plantearon una sanción concreta.

No hubo acuerdo sobre las conclusiones entre las dos fuerzas que forman el gobierno y la oposición. Socialistas y andalucistas aprobaron un dictamen en la comisión, en la que se toman decisiones por voto ponderado, es decir, lo que representa cada grupo en el pleno, que no responde a las conclusiones a las que habían llegado IU y PP. Por este motivo, ambas formaciones formularon votos particulares discrepantes sobre el asunto. El dictamen aprobado, de tres folios, y los votos particulares fueron enviados a la presidencia y a la Mesa del Parlamento, que a su vez lo enviará a la Junta de Portavoces. Luego, la resolución será remitida de nuevo a la Mesa de la Cámara, que tomará la decisión definitiva y, finalmente, se verá en un pleno si alguno de los grupos lo pide, según fuentes parlamentarias. La resolución aprobada reconoce que Ortega incumplió su deber de presentar en el Registro de Bienes e Intereses del Parlamento que era miembro del consejo de administración de la Caja San Fernando, pero que esta actitud no es merecedora de una sanción, sino de una amonestación. IU y PP se basan en el artículo 101 del Reglamento del Parlamento para pedir la sanción, aunque el significado de ésta sea meramente testimonial. Este artículo permite privar a los diputados de algunos de sus derechos cuando hubiesen omitido actividades en la declaración que tienen que hacer en el registro de la Cámara. Ambas formaciones pidieron una multa para Ortega, que se concretaría en la suspensión de un mes de sueldo como parlamentario. El dirigente andalucista no cobra como diputado sino como miembro del Consejo de Gobierno, por lo que, en la práctica, esta medida sólo tendría el efecto de la reprobación pública a Ortega por omitir en el Parlamento su relación con una caja de ahorros. No obstante, Izquierda Unida cree que hay un segundo motivo por el que sancionar al consejero. El Parlamento se constituyó a finales de marzo de 1996, mientras que el Gobierno andaluz no se formó hasta el 16 de abril. Según IU, Ortega compatibilizó durante 18 días su cargo como diputado con el de secretario del consejo de administración de la Caja San Fernando, que es de naturaleza jurídica pública. De acuerdo con la Ley Electoral, ningún diputado puede simultanear su cargo institucional con el de miembro de un órgano de gobierno de una caja de fundación pública. Por este motivo, IU pide que Ortega devuelva el dinero que cobró en esos 18 días como diputado. Si algo caracterizó la última de las cuatro reuniones que ha tenido la Comisión del Estatuto de los Diputados para tratar el asunto de Antonio Ortega fue el hermetismo. Los miembros de la comisión, que se celebra a puerta cerrada y es secreta, estuvieron ayer más que prudentes que nunca, sobre todo después del amparo que ha pedido el PA al presidente de la Cámara, Javier Torres Vela, por lo que considera una filtración de IU. El PA se basa en unas declaraciones que hizo el presidente de la comisión, Diego Valderas (IU), el pasado martes en las que sostuvo que Ortega estuvo en situación irregular durante 18 días. Torres Vela ha anunciado que se va a tomar siete días para estudiar un asunto "tan delicado". Valderas, tras la reunión de la comisión, estuvo lacónico y adujo que prefería no hacer comentarios sobre el resultado del dictamen para no dar pie a "malas interpretaciones". "Como no quiero que nadie pueda situar, malinterpretar o malversar las palabras del presidente de la comisión, que sea la Mesa del Parlamento la primera en conocer las concluiones del trabajo al que hoy hemos puesto fin", dijo Valderas, que añadió que no está dispuesto "a favorecer el escándalo que se ha montado". Además, recordó: "Fui presidente del Parlamento y sé de la diligencia y discreción con que hay que tratar estos temas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de mayo de 1998

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