El Estado indemniza con 106 millones a doce víctimas de Hipercor once años después del atentado de ETA
Once años después del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona, doce de los afectados por aquel acto terrorista recibieron ayer los 106 millones de pesetas con los que el Tribunal Supremo condenó al Estado como responsable civil subsidiario. Otras 20 víctimas no han cobrado porque el Estado considera que reclamaron fuera de plazo, y a dos se les discute la condición de víctimas.Roberto Manrique, afectado de Hipercor y responsable de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), criticó a la Administración por "desatención" y destacó que el Estado recurriera estas indemnizaciones y que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, no les haya recibido al año de haberlo solicitado.
El pago de las indemnizaciones se produce tras ocho años de luchas legales que culminaron en la sentencia en la que Audiencia Nacional hizo al Estado responsable civil subsidiario para el pago de las indemnizaciones. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en julio de 1997.
El Estado fue condenado a pagar el 50% de las indemnizaciones que correspondían a los terroristas, declarados insolventes.
"Estas indemnizaciones son el final de una lucha en la que nos hemos sentido humillados y olvidados por el Estado, pero el dinero no reemplaza la vida humana y la verdadera lucha de las víctimas es que se haga justicia y que los terroristas cumplan íntegramente sus penas", dijo Manrique tras recibir su cheque.
El extrabajador de Hipercor criticó "el pasotismo total y absoluto de la empresa por las víctimas, que hasta invierte en publicidad en Egin, que por cierto no condenó el atentado", dijo Manrique. Tres viudas, un viudo, seis personas que quedaron incapacitadas para trabajar y otras dos que resultaron heridas han sido quienes recibieron los cheques en la Delegación de Hacienda. Hace un año, el Estado pagó 45 millones a Álvaro Cabrerizo, un hombre que perdió a su esposa y a sus dos hijas.
El Estado no reconoce la condición de víctima a la niña Yésica López, hija sordomuda de una cajera de Hipercor, entonces embarazada, a pesar de que le avalan informes médicos.
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