La mitad de las denuncias se archiva al desconocerse el autor del delito

Las estadísticas de la actividad de los fiscales valencianos durante 1997 revela que cerca de la mitad de las causas tramitadas el año pasado fueron archivadas, definitivamente si algún dato nuevo no fuerza su reapertura, por no ser conocido el autor o autores del delito denunciado. Concretamente, 128.551 de los 243.672 casos tramitados por la acusación pública fueron sobreseidos por esta razón.

El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, máximo responsable de la acusación pública valenciana, presentó ayer los datos referentes a la actividad de los funcionarios que dirige durante 1997. Los números son reveladores: el nivel de eficiencia de la acusación pública es notable. En cualquier caso, y sin duda por la especial naturaleza de su actividad, no soporta los retrasos, muchas veces colapso, que padece la actividad de los tribunales valencianos. Así, los fiscales adscritos a los juzgados de la Comunidad, que cerraron 1996 con sólo 1.405 procedimientos pendientes de despacho, acabaron 1.997 con 1.716 casos por resolver, una cantidad sensiblemente superior respecto a la del año anterior pero inapreciable en relación a los 455.159 dictámenes emitidos, los 28.000 juicios a los que asistieron o las 18.180 vistas judiciales que contaron con la presencia de la acusación pública, según los "datos generales sobre el volumen de trabajo en las fiscalías durante 1997", una parte del informe anual hecho público ayer. Los datos de la Fiscalía, "similares a los del año anterior", según Beltrán, apuntan que la acusación pública incoó 104 denuncias por la comisión de homicidios y 21 por la de asesinatos; 1.133 delitos contra la libertad sexual y sólo 315 por maltratos sucedidos en el seno de la familia. En este último apartado, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, el pasado mes de enero, 2.228 mujeres denunciaron a lo largo de 1997 ante varias instancias haber sido víctimas de malos tratos y agresiones, principalmente a manos de sus parejas. En otros sectores, contrastan las cifras registradas en los delitos contra el patrimonio, una vez más, muy frecuentes -se incoaron 54.227 expedientes por hurto, 72.419 por robos con fuerza o 19.085 por robos con violencia- con las referentes a los delitos contra los derechos de los trabajadores: el aumento de la siniestralidad reiteradamente denunciado por los sindicatos no ha tenido reflejo en el trabajo de la fiscalía, que sólo participó en 14 procesos por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. Con todo, uno de los datos más destacables de las estadísticas de la fiscalía hace referencia directa a los procesos penales. En aplicación del artículo quinto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 128.551 causas fueron sobreseidas durante 1997 porque las investigaciones policiales y judiciales encaminadas a esclarecer la autoría de un delito fueron baldías, es decir, concluyeron sin nadie a quién poder acusar del delito cometido y tuvieron que ser cerradas. Otras 21.897, de las 243.672 tramitadas por la fiscalía, también fueron archivadas, en este caso porno ser consideradas punibles.