Los partidos acuerdan la creación de una secretaría de Estado de inmigración

Los españoles ya no emigran masivamente a América (segunda mitad del siglo XIX y principios del XX) ni ocupan los tajos más duros de Centroeuropa (1940-1970). Ahora España se ha convertido en el objetivo, ya sea para quedarse o como lugar de paso a otros países de la Unión Europea, de miles de inmigrantes de África y, en menor número, de Suramérica y norte de Europa. De ahí que todos los partidos parlamentarios hayan acordado proponer al pleno la creación de una secretaría de Estado para la inmigración que asuma todas las competencias de la politica migratoria. Aún se desconoce de qué ministerio dependerá.

Los partidos políticos -mediante un informe elaborado durante un año y medio por una subcomisión del Congreso de los Diputados- aconsejan también la existencia de una fiscalía especial dedicada al tráfico de personas, y creen indispensable el endurecimiento de las penas para este tipo de delitos.La única duda consiste ahora en determinar de qué ministerio debe depender orgánicamente la nueva secretaría de Estado de inmigración. Hay que tener en cuenta que una de sus principales funciones será precisamente la de coordinar a los cuatro departamentos implicados actualmente. De Interior dependen la política migratoria y las cuestiones policiales (control de fronteras y pasaportes, lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con personas). Trabajo y Asuntos Sociales se ocupa de los contratos laborales y de la primera asistencia al inmigrante o al refugiado; de Exteriores dependen los visados, y de Justicia la concesión de nacionalidad y otros aspectos legales.

La solución puede venir por asignar la secretaría de Estado a alguno de esos cuatro ministerios -y en ese caso Interior sería quien tendría más opciones- o hacerla depender de Presidencia del Gobierno. El Partido Popular (PP) se inclina, aunque no de forma oficial, a integrarla en Interior, e Izquierda Unida (IU) por Asuntos Sociales, por poner dos ejemplos de los extremos del arco parlamentario. Rosa Aguilar, la portavoz de IU en el Congreso, es, pues, más favorable "a tratar los temas de la inmigración desde un punto de vista asistencial y humanitario y no otorgándole carácter policial o de represión".

Además, el informe elaborado por la subcomisión del Congreso ya le pone tarea al futuro secretario de Estado: "De un lado, acometer el diseño de una política global de emigraciones, y de otro, establecer un mecanismo de colaboración e intercambio con el resto de Administraciones públicas hasta llegar a un pacto de extranjería". Un pacto que, según José Ramón Ónega, director general de Política Interior y presidente de la comisión interministerial de Asilo y Refugio, debe tener continuación en Europa.

"La nueva figura tiene que servir primero", explica Ónega, "para acabar con la dispersión de funciones que obliga a un inmigrante a tener que pasar por muchas ventanillas (de ayuntamientos, comunidades autónomas, cuatro ministerios) antes de regularizar su situación. Y luego debe servir para discutir de igual a igual con otros países europeos y diseñar una política migratoria conjunta". Otros países que, salvo excepciones, ya tienen resuelta la figura administrativa que ahora se pretende crear en España. Desde el país vecino, Portugal, que dispone de un alto comisionado, hasta Suecia, con todo un ministro de la Emigración. Francia, sin embargo, donde el número de inmigrantes procedentes de África es mucho mayor que el de España, carece todavía de un organismo que polarice todas las competencias, ahora tan dispersas allí como en España.

Reducir el papeleo

Además de la creación de la secretaría de Estado para la inmigración, el informe de la subcomisión -muy extenso, elaborado después de visitar Ceuta y Melilla y mantener reuniones con un buen número de expertos- aconseja otra serie de medidas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha. "Una de ellas", explica Ónega, "es la de reducir y simplificar la documentación de los extranjeros. Hasta ahora había hasta 40 carnés diferentes y a partir de ahora sólo habrá uno, parecido al documento nacional de identidad, controlado por la policía y donde se haga constar la situación legal del extranjero".La subcomisión aprovecha su extenso informe para dar un tirón de orejas a algunas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la atención de los inmigrantes. "Actualmente", señala, "se están produciendo actuaciones voluntaristas muy fragmentadas y en muchas ocasiones ineficaces. La fragmentación se traduce en el autoconsumo por parte de las organizaciones de las ayudas públicas recibidas, que no llegan, o llegan en muy escasa proporción a sus destinatarios finales". Pero otras ONG funcionan tan bien que gracias a su acuerdo con Interior y Asuntos Sociales han sido capaces de hacerse cargo de la integración en la Península de la práctica totalidad de los inmigrantes acogidos hasta ahora en Ceuta y Melilla.