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Reportaje:

Las dos caras de Romaní

La versión del ex presidente de Banesto sugiere que él y Conde trabajaban con información sucia

«Teníamos que verificar que las líneas telefónicas no estuviesen pinchadas, teníamos que comprobar si había cámaras ocultas cuando entrábamos o salíamos de una reunión. Han arruinado mi vida. Te sientes como en el arroyo, como si estuvieran apilando mierda sobre ti y tuvieras que luchar para apartarla. Y todo ello ha sido posible por Drexel Burnham Lambert».Connie Bruck.

El baile de los depredadores .

Nueva York, 1988.

La primera escena del primer acto de Arturo Romaní, ex vicepresidente de Banesto y ex consejero delegado de la Corporación Industrial, en el juicio oral del caso Banesto duró el pasado martes 28 de abril una hora y cincuenta minutos. Lo suficiente como para redondear una idea que ya asomaba durante la declaración de Mario Conde. Los alumnos de las escuelas de negocios deberían darse una garbeo por la Audiencia Nacional algún lunes, martes o viernes. Sus profesores podrían recomendarles este trabajo práctico para su formación. Allí aprenderían la clase de negocios, sus ideas y métodos, que estuvieron de moda durante una época reciente.

Los primeros segundos fueron magistrales. El presidente del tribunal, Siro García, instruyó sus derechos al acusado.

-Tiene usted el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable..., aunque quizá usted hizo la redacción de estos preceptos...

-No creo, pero de cualquier manera muchas gracias, respondió Romaní.

Durante 50 minutos, Romaní trazó, a petición del fiscal, una amena autobiografía a través de varios cargos públicos. Explicó con detalle su nombramiento, en septiembre de 1980 como subsecretario de Justicia para ocupar, más tarde, en marzo de 1981, el cargo de subsecretario de Hacienda. No dejó de recordar que en esa misma etapa el actual subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, también era subsecretario de Presupuestos y Gasto Público.

No. Siro García había errado, quizá voluntariamente, quién sabe, sobre los derechos del acusado. Fue en 1983 cuando se aprobó el artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se describían los derechos de todo acusado. Y ése año, precisamente, Romaní se unía al despacho que Mario Conde y Enrique Lasarte abrieron en la madrileña calle de Maldonado.

De repente, terminada la autobiografía, y al hablar de la Operación Cementeras - presunta apropiación indebida de 1.500 millones de la que son acusados Conde y Romaní-, el ex consejero delegado de la Corporación Industrial reveló una parte muy diferente de su rostro, más sombría.

Conde habla haciendo exhibición de un histrionismo electrizante. Pero Romaní, como un padre contando un cuento a su hijo. Su actuación es natural. El y su grupo eran víctimas de gente perversa, había que defenderse. Y si era necesario, con reglas fuera del juego.

«¿Le contó esto a Mario Conde?», preguntó el fiscal. «¡Cómo no le voy a contar eso si presentamos una querella criminal para presionar a los Serratosa!». Para ello, Romaní actuó en nombre de un «grupo Banesto» -así dice el presunto contrato que firmó con Cedeño- que no existía entonces, sin contar con poderes para hacerlo. «No me ando con excesivos formalismos», explicó. «La querella criminal era uno de los pasos», dijo. La información sucia se la proporcionó Cedeño. «La labor es muy sencilla», dijo sin pudor Romaní. «Primero presentamos esa querella; en segundo lugar, teníamos datos sobre exportaciones a Estados Unidos; tercero, Cedeño nos dijo que un agente de la CIA (Central de Inteligencia estadounidense) podía colaborar si era necesario, y cuarto, la mejor información de todas era que los Serratosa querían vender el grupo Valenciana a un grupo internacional llamado Cemex (Cementos Mexicanos)».

Romaní hizo todo esto a través de su despacho particular, en la madrileña calle de Conde de Aranda. En Banesto, nadie supo nada. Hasta Conde, en contradicción con Romaní, ha declarado su ignorancia. Los 1.500 millones, empero, nunca llegaron a los panameños. Romaní los debía administrar en dos empresas -Data Transmission Systems y Montilsa- durante cinco años, según el pacto alcanzado.

La semana próxima, según ya hizo ante el juez Manuel García-Castellón, en la instrucción, Romaní explicará al tribunal por qué y cómo el dinero se perdió -en realidad fue para comprar fincas del propio Romaní y de Conde y a préstamos para Conde- y por qué y cómo se hicieron otras dos presuntas estafas -Concha Espina y Oil Dor- para restituir el dinero perdido y pagarle a Cedeño.

Pero, de momento, aparte de las contradicciones con Conde, hay un punto sugestivo. La versión de Romaní sugiere que, como siempre se ha sospechado, él y Conde trabajaban con dossieres e información sucia. Quizá hubo esa información para presionar a los Serratosa, por la que, desde luego, no se pagaron los 1.500 millones.

Ahora se puede ver que el fichaje del entonces coronel Juan Alberto Perote, el espía mayor del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) por Mario Conde, en 1995, no fue un accidente.

Si Romaní dice haber pagado 1.500 millones por una información sobre los Serratosa, ¿cuánto podían valer los papeles del Cesid? Después de practicar el chantaje en el mundo de los negocios, volver a repetirlo con los papeles del Cesid, aunque esta vez fuera dirigido a un Gobierno moribundo, al menos merecía la pena.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de mayo de 1998